Tribunal

La toga ya no arropa la ley, sólo delata sumisión ideológica

Una mujer ha sido condenada a 19 años y siete meses de prisión por el asesinato de su hijo de dos años en Bigastro, Alicante. El Tribunal del Jurado la declaró culpable de asfixiar al menor tras haberlo maltratado de forma habitual, así como a su gemelo. La sentencia incluye un delito de asesinato, maltrato habitual y seis delitos de lesiones, considerando agravantes por parentesco y atenuantes por confesión y consumo de drogas. Además, deberá indemnizar con 100.000 euros a cada uno de los hermanos del niño fallecido.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, que revisa los planes hidrológicos de varias demarcaciones, incluido el Tajo-Segura. La sentencia, a cargo del magistrado Fernando Román, confirma que se cumplió con el proceso de concertación para los caudales ecológicos y que el informe del Consejo Nacional del Agua fue válidamente emitido. Además, rechaza las alegaciones sobre la falta de motivación técnica en la fijación de dichos caudales y sostiene que no se vulneran normas anteriores sobre el trasvase de agua. Esta decisión reafirma la legalidad del proceso administrativo seguido en la revisión del plan hidrológico.

El TS considera que cabe imponer la pena máxima de prisión a un “asesino en serie” por su tercer crimen si en el mismo juicio ha sido condenado previamente por dos asesinatos. Confirma una pena de 137 años por la muerte de otras dos mujeres y el intento de otras seis en encuentros sexuales con consumo de cocaína.

Para la concejala, se trata de un “cuadro de Juan de Ribalta que, en 1979, fue sustraído de los almacenes que, en aquel momento, se encontraban en San Miguel de los Reyes y, después de un largo litigio, la justicia italiana nos ha dado la razón y esperamos recibirlo en las próximas semanas para mostrarlo a toda la ciudadanía”.

“Hemos hecho un estudio sobre las demandas en los tribunales, y tenemos una propuesta muy clara: retirar estas demandas y consolidar lo fundamental del planteamiento que presenta el vecindario del barrio: que la construcción que se había planteado se retire”

La Audiencia de Valencia le impone el pago de una multa e inhabilitación para cargo público por un delito de revelación de secretos.

La Universitat de València ha sido condenada por un tribunal que anuló su acuerdo de suspender convenios con universidades israelíes, considerado discriminatorio. La sentencia fue emitida el 15 de septiembre de 2025 y la universidad ha presentado un recurso contra esta decisión. El juez argumentó que la medida carece de justificación y viola principios constitucionales al discriminar por nacionalidad. La rectora, Mavi Mestre, defendió la autonomía universitaria y la necesidad de actuar en respuesta a la situación en Gaza. La UV sostiene que su decisión se basa en el derecho internacional y busca promover la paz y el diálogo.

La Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana ha presentado un nuevo protocolo de actuación para centros educativos ante emergencias meteorológicas, en una reunión con sindicatos. Este borrador busca garantizar la seguridad del personal y alumnado durante situaciones de riesgo. Se designará a un miembro del equipo directivo en cada centro para gestionar alertas y coordinar acciones. En caso de alerta roja, se podrá cerrar el centro o suspender clases según lo determine la autoridad municipal. Además, se discutieron las oposiciones de maestros programadas para septiembre de 2026 y modificaciones en permisos docentes conforme al nuevo Real Decreto-ley.

El Consell ha aprobado un Plan Director para la anticipación y reacción ante catástrofes naturales, buscando mejorar la protección civil en la Comunitat Valenciana. Este plan incluye sistemas de alerta temprana, simulacros y educación ciudadana, además de coordinar esfuerzos entre administraciones y el sector privado. También se ha lanzado una iniciativa para construir 80 viviendas industrializadas en Albal y Torrent, destinadas a familias afectadas por inundaciones, con una inversión inicial de 15 millones de euros. La propuesta busca no solo atender necesidades urgentes, sino también reforzar el parque público de vivienda a largo plazo.

La Generalitat ha invertido 1,85 millones de euros en la reparación de la sede judicial de Catarroja, que ya está plenamente operativa. Los cinco juzgados de la localidad, que habían estado temporalmente en Valencia desde noviembre, regresan a su sede tras los daños causados por una riada en octubre. La consellera de Justicia, Nuria Martínez, destacó la importancia de acercar la administración a la ciudadanía y mencionó mejoras en accesibilidad para personas con discapacidad. Las obras incluyeron renovación de instalaciones y adaptación del espacio a nuevas normativas judiciales.

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la búsqueda, detención e ingreso en prisión de dos hombres condenados por abusar sexualmente en grupo de una menor. Los condenados, que enfrentan penas de 20 y 12 años, no se presentaron a una vista judicial, lo que llevó al tribunal a tomar esta decisión. Se ha emitido una orden de detención internacional para uno de ellos, quien había incumplido una medida cautelar de prohibición de salida del país. La Sala también ha solicitado informes a la Fiscalía y la acusación particular antes de proceder con la emisión de órdenes adicionales.

Un hombre ha sido condenado a once años y medio de prisión por violar, agredir y amenazar a su pareja sentimental en Almassora, Castellón. La Audiencia Provincial de Castellón lo declaró culpable de agresión sexual con agravantes de género y parentesco, así como de dos delitos de lesiones por violencia de género y un delito leve de amenazas, todos con agravante de reincidencia. El tribunal le absolvió de otros cargos relacionados con malos tratos habituales. Además, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 10.000 euros por los daños morales sufridos.

La Audiencia de Castellón ha rechazado el recurso de un presunto maltratador que solicitaba no ser investigado por un juzgado de violencia de género tras cambiar de sexo en el Registro Civil. El tribunal argumenta que este cambio podría haber sido realizado con intenciones fraudulentas. La decisión se basa en la evaluación de circunstancias que sugieren que la inscripción no fue una elección genuina. Este caso sigue a un auto del Juzgado de Instrucción 3 de Castellón, que había remitido la causa por malos tratos a una expareja al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1.

La Audiencia de Alicante ha condenado a seis años y medio de prisión al exalcalde de Santa Pola, Miguel Z.F., y al exconcejal Jorge P.A. por delitos de prevaricación administrativa, fraude y cohecho en el caso de la clínica Gran Alacant. Además, dos médicos que gestionaban el consultorio privado también han recibido la misma pena. La sentencia incluye una condena adicional para una trabajadora del centro por su complicidad en el delito de cohecho. Esta resolución resalta la lucha contra la corrupción en las administraciones locales.

La Audiencia de Valencia ha condenado a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana a tres años y cinco meses de prisión por cobrar a cambio de tramitar tarjetas de transporte falsas. La sentencia incluye cuatro años y tres meses de inhabilitación para el ejercicio de empleo público, considerando la funcionaria culpable de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. La pena privativa de libertad se suspende durante tres años bajo la condición de no reincidencia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el decreto del Consell que cambiaba el nombre del municipio de Villanueva de Castellón a 'Castelló'. La decisión se basa en un informe que señala que este cambio ha generado confusiones entre la localidad y la capital provincial, Castellón de la Plana. La sentencia destaca los problemas que la nueva denominación ha ocasionado en la ciudadanía y las administraciones.

El Gobierno de España y la Generalitat Valenciana han acordado reforzar el sistema de Justicia para abordar los procesos derivados de la DANA. En una reunión entre el ministro Félix Bolaños y la consellera Nuria Martínez, se discutieron las necesidades del Servicio Público de Justicia en la Comunidad Valenciana. Se decidió trabajar conjuntamente para evitar la sobrecarga en los juzgados, incluyendo la solicitud de un juez de refuerzo en Catarroja. Además, se abordará la implementación de la Ley de Eficiencia, que transformará 417 juzgados unipersonales en 36 Tribunales de Instancia. Hasta ahora, se han invertido más de 41 millones de euros en adaptar la Comunidad Valenciana a este nuevo modelo organizativo.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha implementado medidas urgentes para proteger los derechos laborales tras la inesperada derogación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2024, ocurrida el 22 de enero en el Congreso. La Dirección General de Trabajo ha emitido un criterio interpretativo que establece que la derogación no afecta a los salarios ya contratados y que las nuevas contrataciones deben respetar el SMI vigente. Además, la Inspección de Trabajo supervisará el cumplimiento de estas normas para asegurar que los trabajadores reciban la remuneración acordada.

La Dana que recientemente asoló Valencia y parte de Cuenca y Andalucía además de 228 muertos y un panorama desolador, nos ha dejado el desprestigio de una manera de hacer política basada en la mentira, la manipulación y el engaño.

Hemos salido de la reciente tragedia de las inundaciones de Valencia con un ambiente tenebroso, oscuro y sin apenas darnos tiempo para reponernos nos hemos encontrado de sopetón con las elecciones de EE.UU. y la victoria de Donald Trump ha sido contundente, mucho más de lo que los más pesimistas de entre nosotros preveían.

Acepta así tres años de prisión por intentar matar a su compañero de piso en Alicante. La sentencia relata que le clavó un machete de 16,5 centímetros de hoja “porque no dejaba de molestarle”.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma. Esta acción se basa en la detección de incumplimientos normativos relacionados con la publicidad de alojamientos turísticos en diversas comunidades autónomas. Entre las irregularidades se encuentran la falta de número de licencia, la omisión sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso incorrecto de números de licencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado esta decisión, instando a Airbnb a retirar inmediatamente 5.800 anuncios. El ministro Pablo Bustinduy ha reafirmado el compromiso del Gobierno para regularizar el sector y proteger los derechos de los consumidores.

Expertos en ciberdelincuencia se reunieron en la Universitat Abat Oliba CEU para participar en la Diplomatura Internacional en Ciberdelincuencia y Tecnologías Aplicadas a la Investigación, un programa formativo que tuvo lugar en colaboración con la Universidad Austral. Dirigido por José R. Agustina y Daniela Dupuy, el evento reunió a 40 abogados y fiscales de Latinoamérica para abordar los desafíos legales y tecnológicos en la lucha contra la ciberdelincuencia. La inauguración se realizó en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, destacando la importancia de la formación especializada en seguridad y justicia digital. Este encuentro refuerza la colaboración académica entre las universidades y su compromiso con la investigación criminal en entornos digitales.

La sentencia, dictada tras una conformidad entre las partes, contempla las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. El hombre mantuvo relaciones sexuales con la víctima pese a que sabía que tenía 15 años.

El acusado reclamaba en su recurso que se apreciase la eximente incompleta de trastorno mental transitorio o, alternativamente, la circunstancia atenuante de obcecación.

Condenado a nueve años de prisión por intentar matar a un hombre y herir a otros dos durante una barbacoa en Castellón. La Audiencia Provincial le impone el pago de una indemnización de más de 26.000 euros para dos de las víctimas. Uno de los perjudicados perdió el bazo a consecuencia de la agresión.

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 12 años y medio de prisión por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad a dos hombres acusados de matar a golpes a un tercero en el trascurso de una pelea multitudinaria en el municipio alicantino de Jalón.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que confirmó la absolución de M.L.P. por el asesinato de su suegra, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Vicente Sala, en un concesionario de coches de Alicante en diciembre de 2016. La Sala ha estimado el recurso presentado por la acusación particular representada por el hijo de la víctima y ha ordenado que se celebre un nuevo juicio con distinta composición del jurado y un nuevo Magistrado-Presidente.

La Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Comunidad Valenciana ha organizado una reunión entre operadores jurídicos y la Fundación Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE) para explorar oportunidades que mejoren la administración de justicia y el tráfico jurídico. Durante el encuentro, los profesionales del sector compartieron sus necesidades y aprendieron sobre los recursos disponibles para hacer llegar sus demandas a las instituciones europeas. La consellera Nuria Martínez destacó la importancia de conocer las posibilidades que ofrece la Unión Europea y reafirmó el compromiso de la Generalitat en apoyar a los operadores jurídicos en su relación con las instituciones comunitarias. Asistieron destacados representantes del ámbito jurídico y administrativo, subrayando la relevancia de esta colaboración para avanzar en la modernización y digitalización del sistema judicial.

Nuria Martínez, consellera de Justicia y Administración Pública, ha solicitado la creación de nuevas unidades judiciales en la Comunitat Valenciana durante su visita al Consejo General del Poder Judicial. Martínez destacó la urgente necesidad de más recursos para garantizar una administración de Justicia adecuada, citando informes que indican cargas de trabajo superiores al 200% en algunas unidades. La consellera demandó 40 nuevas plazas de jueces y magistrados, así como 30 letrados, para abordar las necesidades derivadas de la nueva Ley Orgánica 1/2025. También se enfatizó la importancia de crear juzgados especializados en violencia sobre la mujer y otras áreas críticas para mejorar el servicio público de Justicia en la región.

La Audiencia de Castellón ha condenado a un hombre a cuatro años y tres meses de prisión por robar en dos establecimientos en Moncofa. Este fallo judicial resalta la respuesta del sistema de justicia ante delitos de robo en la Comunidad Valenciana, contribuyendo a la seguridad local. La sentencia se produce en un contexto donde se busca mejorar la seguridad en los comercios y proteger a los propietarios de estos negocios.

La Generalitat y el Ayuntamiento de Camporrobles han solicitado al Gobierno la restitución urgente del servicio ferroviario de la línea C-3 de Cercanías, que conecta Utiel y Camporrobles, tras quedar inactiva desde 2021. El conseller Vicente Martínez Mus y el alcalde Faustino Pozuelo han destacado la importancia de conservar el trazado ferroviario y han instado al Ministerio de Transportes a buscar financiación europea para reactivar la línea. La situación del transporte en la zona es crítica, especialmente después de las recientes riadas que afectaron gravemente la infraestructura. Ambas administraciones abogan por prolongar la línea para mejorar el acceso a servicios básicos en localidades cercanas.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado la condena de seis años de prisión a un camarero por violar a una clienta en un bar de un centro comercial en la Vega Baja. La sentencia, confirmada tras desestimar el recurso de apelación de la defensa, se basa en los hechos ocurridos el 30 de mayo de 2023, cuando la víctima, que estaba bajo los efectos del alcohol, quedó sola con el acusado tras el cierre del local. Esta decisión judicial subraya la gravedad del delito y reafirma la protección de las víctimas en casos de agresión sexual.

La Audiencia de Valencia ha ratificado la inadmisión de la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana relacionada con la Dana. Además, se han excluido los daños materiales de la investigación. El tribunal también confirmó la exigencia de una fianza de 6.000 euros a la asociación Liberum para que pueda ejercer su acción popular, y permitió que ciudadanos sin relación directa con las víctimas puedan presentar acusaciones particulares por daños materiales.

La Audiencia de Valencia ha condenado a un hombre a nueve meses de prisión por provocar un incendio en el paraje natural de la Devesa del Saler, que afectó a 0,0003 hectáreas del parque natural de la Albufera. El tribunal también le impuso una multa de 2.700 euros y una indemnización de 255,89 euros al Ayuntamiento de Valencia por los gastos de extinción. La sentencia no acredita su responsabilidad en otros incendios ocurridos en la misma zona.

La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la citación como investigado del jefe de bomberos en la causa del incendio de Campanar. La Sección Cuarta desestimó los recursos de apelación presentados por varias acusaciones particulares, argumentando que la valoración de la credibilidad del testimonio del funcionario excede el momento procesal adecuado. La decisión del juez instructor fue considerada razonada, aunque se señala que la instrucción puede cambiar según la evolución de la investigación. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha afirmado en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea que "invertir en defensa es invertir en democracia y en seguridad". Durante su intervención en Bruselas, destacó la importancia del aumento del gasto en defensa como parte de una visión centrada en los valores y la seguridad de Europa. Además, se abordaron iniciativas legislativas sobre la armonización del derecho concursal y se discutió la creación de un Tribunal Penal Internacional Especial para perseguir crímenes relacionados con la agresión a Ucrania. Para más detalles, visita el enlace.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha denegado la suspensión cautelar del proyecto de construcción del muelle de contenedores en la ampliación norte del Puerto de Valencia. Esta decisión se produce tras la solicitud presentada por Acció Ecologista Agró, que fue desestimada por los magistrados. El TSJCV considera que la petición se basa en un dictamen pericial que debe ser evaluado en el contexto del pleito, sin prejuzgar el resultado final del caso.

Esta vez va en serio, el peligro es real, muy real y no podemos ni debemos pasar de él. ¡Hay que reaccionar ya!

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha logrado 49 acuerdos con las comunidades autónomas desde el inicio de la XV Legislatura, resolviendo discrepancias competenciales. Los últimos diez acuerdos se alcanzaron en diciembre y noviembre a través del diálogo en comisiones bilaterales de cooperación. Estos acuerdos buscan reducir la conflictividad y evitar recursos de inconstitucionalidad, promoviendo la colaboración entre el gobierno central y las comunidades.

La Sección Cuarta rechaza la solicitud de la Fiscalía y considera que no ha lugar a decretar su ingreso en prisión provisional porque entiende que el riesgo de fuga es “inexistente”. El Tribunal, que le condenó el pasado mes de octubre a 10 años y 5 meses de prisión, impone al penado como medidas cautelares la retirada de pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer el primer lunes de cada mes en el juzgado de su domicilio.

Vivimos un instante especialmente duro y negro. Susceptible de empeorar si en apenas 24 horas desde que escribo esta reflexión Trump es capaz de ganar las elecciones en EE.UU.

Asaltó una empresa de Almassora, forzó máquinas expendedoras de una gasolinera de Borriol y sustrajo un coche. El Tribunal le aplica la atenuante de drogadicción tras un juicio celebrado con conformidad de las partes.