La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado una sentencia condenatoria contra una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana. La mujer, que se encontraba en el ejercicio de sus funciones, fue hallada culpable de cobrar a cambio de tramitar tarjetas de transporte falsas para vehículos que no cumplían con los requisitos establecidos.
El tribunal impuso una pena de tres años y cinco meses de prisión, además de cuatro años y tres meses de inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público. La Sala consideró a la funcionaria autora de delitos como la prevaricación, el cohecho y un delito continuado de falsedad en documento oficial.
Pena suspendida bajo condiciones
A pesar de la gravedad de los delitos, el Tribunal tuvo en cuenta ciertas atenuantes, como la reparación del daño, la confesión y las dilaciones indebidas. En consecuencia, decidió suspender la pena privativa de libertad por un periodo de tres años, siempre que la acusada no vuelva a delinquir durante ese tiempo.
Esta decisión judicial pone en evidencia las irregularidades dentro del sistema administrativo y subraya la importancia del control en los procesos relacionados con el transporte público. La resolución busca disuadir conductas similares en el futuro y reafirma el compromiso del poder judicial con la legalidad.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Pena de prisión |
3 años y 5 meses |
| Inhabilitación para empleo o cargo público |
4 años y 3 meses |
| Condición para suspensión de pena privativa de libertad |
3 años |
Si (
No(
