La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a tres promotores urbanísticos y un arquitecto municipal a dos años de prisión por estafa, tras engañar a compradores en la construcción de chalés en Llíber entre 1999 y 2003. Además, se les impone una multa de 1.800 euros por prevaricación urbanística y se les inhabilita durante tres años para ejercer en el ámbito urbanístico. La sentencia revela que los acusados ofrecieron terrenos rústicos como aptos para construir, ocultando la imposibilidad real de obtener licencias. Los afectados confiaron en la legalidad de las transacciones, lo que llevó a pagos sin posibilidad de edificación efectiva. La resolución no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Supremo.
