El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha defendido la publicación de una nueva resolución “tras detectar errores en las prioridades de la adjudicación”. “Es nuestra obligación garantizar los derechos de los participantes en un proceso administrativo, y una vez que hemos tenido conocimiento de los errores hemos actuado para dar absolutas garantías”, ha explicado. La corrección de errores de la resolución se publicará lo antes posible y garantizará los derechos de los peticionarios.
Para dar este paso se ha recabado un informe elaborado por el servicio de informática para la gestión educativa de la DGTIC (Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en el que se pone de manifiesto que el proceso se ha visto afectado por una serie de fallos informáticos que han determinado un resultado erróneo en la publicación de algunas adjudicaciones. El informe está fechado el 12 de agosto.
Junto a los problemas informáticos detectados se han producido otros derivados de la mala planificación del equipo de la Conselleria anterior, ya que la programación ni se cumplió, ni se ejecutó, ni tampoco se informó al nuevo equipo de la Conselleria de la situación en la que estaba el proceso. En este punto, el conseller ha agradecido al personal de la Conselleria “el esfuerzo realizado en las últimas semanas pese a todos los problemas que se han encontrado para realizar su labor”.
Así, el informe señala que el proceso de adjudicación de inicio de curso 2023/2024 “no ha sido igual que en los cursos precedentes”. “En los años anteriores, el proceso de adjudicación de plazas solía incluir principalmente cuatro elementos: el resultado del concurso de traslados, las comisiones de servicio concedidas, los docentes que han superado las prácticas (que sacaron plaza en la oposición del año anterior) y los docentes que vienen de la oposición de año en curso. Además de la adjudicación al profesorado interino. En el proceso actual, además de todo ello, se ha complicado con dos elementos singulares que han impactado seriamente: el concurso de estabilización de funcionarios interinos y el cambio de cuerpo de los profesores técnicos de formación profesional”, se indica.
Asimismo, el informe recoge que el concurso de estabilización de funcionarios “ha supuesto que miles de docentes interinos cambien su relación jurídica a funcionarios de carrera, sin pasar por los procesos habituales de oposición y prácticas. Esto ha supuesto desarrollar programas informáticos adhoc muy diferentes a los que habitualmente se han utilizado, que se saltaran ciertas validaciones sobre los datos establecidas”.
También se recoge en el informe que “el cambio de cuerpo de profesores técnicos de FP ha implicado tres procesos adicionales de miles de docentes. En primer lugar, una recodificación de todas las especialidades que tienen los docentes afectados del cuerpo 3. En segundo lugar, todos los funcionarios de carrera del cuerpo a extinguir de profesores técnicos de FP (llamado cuerpo 3) han pasado, bien al cuerpo de secundaria (llamado cuerpo 2), bien al nuevo cuerpo de sectores singulares (llamado cuerpo P), dependiendo de si tienen un grado universitario o no lo tienen. En tercer lugar, tanto los que han pasado al cuerpo 2 como los que han pasado al cuerpo P deben poder optar a las mismas plazas, cosa que no había ocurrido nunca. Estos condicionantes impactan seriamente sobre los programas informáticos existentes y los datos almacenados en las bases de datos, estableciendo requisitos totalmente nuevos e imprevistos”.
El informe señala, asimismo, que estos dos elementos singulares “se llevaron a cabo, y así ha sido la realidad, con la urgencia que imponían los plazos establecidos por la Dirección General de Personal Docente (DGPD). Y dicha urgencia no dio mucho margen para un análisis exhaustivo de los procedimientos ni, por tanto, a unas pruebas necesarias en tiempo y forma. No pudo valorarse convenientemente en tiempo y forma el impacto ni las consecuencias sobre los datos de los sistemas informáticos existentes”.
Se apunta además que desde la Dirección General de Personal anterior “no se actuó correctamente, ya que no se solicitó la implementación de las actualizaciones de los programas informáticos que pudieran soportar los nuevos procedimientos”. Así, en el informe se indica que el proceso “se hizo sobre la marcha y sin existir un control de calidad y sin que se pudiera hacer un testeo previo necesario que hubiera garantizado el correcto funcionamiento del sistema”. Derivado de la falta de actualización del sistema informático se han producido errores como que algunos datos se introdujeron en campos no válidos, lo que generó una ordenación incorrecta de los opositores de 2023.
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