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derechos sociales

01/05/2025@12:43:16

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado una investigación sobre posibles aumentos de precios en servicios de vehículos VTC tras el apagón eléctrico que afectó a gran parte del país. La investigación se centra en denuncias de usuarios en comunidades donde se declaró emergencia nacional, ya que la normativa prohíbe a las empresas con precios dinámicos incrementar tarifas en situaciones de urgencia. Esta prohibición, establecida por una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, busca proteger a los consumidores durante crisis. Las infracciones podrían acarrear sanciones significativas, reflejando el compromiso del gobierno con la protección del consumidor.

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado inicialmente el Proyecto de Reglamento del Consejo Local y Zonal de Inclusión y Derechos Sociales. Se ha abierto el plazo para la presentación de aportaciones al reglamento, lo que permite a la comunidad participar activamente en la mejora de las políticas de inclusión en la ciudad. Para más información, visita el enlace oficial.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha conmemorado el primer aniversario de la reforma del Artículo 49 de la Constitución Española, que amplía derechos para las personas con discapacidad y elimina el término "disminuido". En un acto celebrado en Madrid, Bustinduy destacó la importancia del consenso político en esta reforma histórica, que fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso. La nueva legislación ya está generando cambios significativos, como la modificación de leyes para garantizar la accesibilidad universal y prevenir la discriminación en seguros. Bustinduy subrayó que España se convierte en un referente internacional en derechos de discapacidad, enfatizando el compromiso con la autonomía plena de estas personas.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha presentado en Bruselas una guía pionera para combatir el "ecopostureo", que se refiere a las prácticas engañosas de empresas que afirman ser respetuosas con el medio ambiente sin evidencia científica. La 'Guía de Comunicación Sostenible' ofrece estrategias para identificar el greenwashing y promover un consumo responsable. Bustinduy destacó que el 42% de las afirmaciones ambientales son cuestionables en España y llamó a las empresas a proporcionar información veraz. La guía también aborda la legislación sobre prácticas desleales y propone cambios normativos en la UE para fortalecer la protección del consumidor.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para discutir el acceso al empleo de personas con discapacidad y la reforma de la Ley de Dependencia. En este encuentro, Bustinduy reafirmó su compromiso con la inclusión laboral y la necesidad de que las administraciones públicas cumplan las cláusulas sociales en los contratos. Se abordaron iniciativas para fomentar la contratación responsable y se anunció un nuevo anteproyecto de ley que busca mejorar los derechos de las personas con discapacidad. La reunión también destacó la importancia de crear un entorno laboral inclusivo y accesible.

El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado con los votos a favor de PP, Compromís y PSOE y en contra de Vox, solicitar al Gobierno de España que declare el evento “València Gay Games 2026” como acontecimiento público excepcional para los años 2024, 2025 y 2026.
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El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha anunciado un nuevo Real Decreto que garantizará el acceso de personas con discapacidad a espacios públicos junto a sus perros de asistencia en todo el territorio nacional. Esta normativa, que se presentará para su aprobación en el Consejo de Ministros, busca regular la actividad y bienestar de estos animales, reconociendo la unidad entre la persona y su perro para diversas discapacidades. El decreto permitirá el acceso a centros educativos, culturales, deportivos y comerciales, así como a medios de transporte sin costo adicional. Además, establecerá medidas para mejorar el bienestar de los perros de asistencia y reconocerá su derecho al descanso tras diez años de servicio. Con esta iniciativa, se promueve la inclusión y igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en España.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha lanzado el programa 'Mejores Amigos', que ofrece atención veterinaria gratuita o a precios reducidos para personas vulnerables con animales de compañía. Esta iniciativa, desarrollada por FAADA y respaldada por la Dirección General de Derechos de los Animales, busca ampliar la protección social a quienes no pueden asumir los costos veterinarios debido a su situación económica. La secretaria de Estado, Rosa Martínez, destacó la importancia de incluir a los animales como parte fundamental del núcleo familiar en las políticas públicas. El programa también capacitará a trabajadores sociales en el manejo de situaciones específicas relacionadas con estas personas y sus mascotas.

El Ministerio de Igualdad de España ha abierto un expediente para investigar una denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alega que se están realizando cursos de conversión sexual en varias diócesis del país. La ministra Ana Redondo se reunió con el presidente de la asociación para discutir los detalles de la denuncia. La ley 4/2023 prohíbe las terapias de conversión y establece sanciones económicas que van desde 200 hasta 150,000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. El director general para la Igualdad LGTBI+ subrayó la importancia de debatir sobre estas prácticas que pueden causar daños psicológicos a largo plazo en las personas afectadas.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar anuncios que incumplen la normativa, incluyendo la falta de publicación del número de licencia. La investigación comenzó en junio y se intensificó tras el incumplimiento de requerimientos previos. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros, y se sospecha que estas prácticas afectan a consumidores en varias comunidades autónomas. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la crisis de vivienda en España y garantizar el cumplimiento de las leyes en el sector turístico.