Cuando las Autonomías no son un valor añadido

El calor era ya sofocante cuando empezamos a tomar el café, aunque esto no desanimaba a nuestro viejo marino.

—El órgano superior de los jueces está investigando si la Generalitat ha espiado a los jueces en Cataluña. La jueza que instruye el caso de los ERE en Andalucía ha sido denunciada por los fiscales y la Guardia Civil de algunas irregularidades, retrasos y sobreseimientos que apuntan a un trato de favor hacia algunos políticos encausados. Estos ejemplos no dejan de ser situaciones que reflejan una interferencia de la política en la justicia y de un deterioro de principios básicos.

Se supone que existe una separación de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, y que la justicia es igual para todos y en todo el territorio nacional, pero observamos que en el sistema hay muchas grietas por lo que, posiblemente, nos deberíamos volver a replantear el funcionamiento de distintas instituciones para garantizar que esos principios se cumplan.

Nuestro diseño institucional en comunidades autónomas ha aportado ventajas e inconvenientes, como hubiera ocurrido con cualquier otro modelo, aunque en su desarrollo y en la práctica se está demostrando que se ha creado un sistema perverso y con muchas deficiencias en materia judicial. Si bien los jueces, en teoría, son independientes, las dependencias judiciales en las que trabajan, la dotación de medios y los equipamientos se los proporcionan las autonomías, con lo que en la práctica hay una gran dependencia y un tratamiento diferente según la comunidad autónoma en la que les toca trabajar.

A nadie se le escapa que la capacidad de influir de los políticos aumenta, además si dejas en las manos de las autonomías aspectos que, en apariencia, no concurren con su labor, pero que pueden ser decisivos para su trabajo, los jueces pueden estar subordinados y encorsetados. Las decisiones y actuaciones autonómicas por diferentes métodos pueden ralentizar, incluso paralizar procesos que no les convengan, y ya más descaradamente espiar, como en el caso catalán, en el que han obligado a que presten su conformidad para que —con una supuesta revisión informática— se de acceso a sus ordenadores lo que supone que pueden entrar en sus correos o en todos sus trabajos que deberían estar sujetos a la protección de datos.

Nuestra joven profesora añadió:

—Además en la era de la digitalización, los macrodatos y las tecnologías de la comunicación no se entiende que haya sistemas informáticos diferentes entre comunidades autónomas y no haya una interconexión entre toda la administración de justicia en cualquier punto del territorio nacional.

En la actualidad, mientras determinados organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social están enlazados y tienen una información nacional, en lo que se relaciona con la justicia se sigue trabajando con métodos más propios del siglo pasado que de los tiempos actuales.

Además, la lengua debe ser un vehículo de comunicación y nunca un medio para poner barreras, y una excusa para eludir la coordinación en algo que afecta a todo el ámbito nacional. El que un juez trabaje en Cataluña con un sistema y una lengua diferentes al que utiliza un juez en Asturias y que no puedan estar intercomunicados no es de recibo.

A lo mejor, ha llegado el momento de poner orden en algunas transferencias autonómicas y obligar a homogenizar estos servicios sin que tengan que estar sometidos al libre albedrio e intereses del gobierno autonómico de turno. Hay ciertas cosas que requieren rigor, profesionalidad, independencia y no política.

En todo el proceso normativo y desarrollo de las transferencias autonómicas desde la Transición a nuestros días podemos comprobar que ha habido interesantes progresos, pero también que lejos de aligerar, simplificar —repito que estamos en la era de los macrodatos, la inteligencia artificial y la digitalización— tenemos que producir cambios profundos, interconectar regiones, simplificar y anular todas las duplicidades.

La política no lo puede impregnar todo, no puede ser que el largo brazo de la política este en todos los niveles. Necesitamos la separación de poderes, necesitamos una sociedad civil estructurada al margen del poder político y necesitamos que determinados órganos y servicios funcionen igual en cualquier punto del territorio nacional como son la sanidad, la educación o la justicia.

Nuestro marino sugirió:

—Aunque en el caso de los ERE no parece que haya un problema de idioma o de ordenadores. Las amistades peligrosas existen en todos los ámbitos.

Nos quedamos mirándolo y nos preguntamos qué cambios tendríamos que realizar en nuestra sociedad actual para que ciertos comportamientos sean corregidos.

El calor era asfixiante y posiblemente todas estas reflexiones eran producto del calor y del desconocimiento que tenemos en la aldea.

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