El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 1/2025, que incluye una revalorización de las pensiones del 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas, beneficiando a 12 millones de personas. Además, se prorrogan hasta el 30 de junio descuentos en transporte y se extienden medidas de protección social como la suspensión de desahucios y la prohibición de cortes de suministros básicos hasta finales de 2025. También se implementan ayudas específicas para la Comunidad Valenciana y apoyo a La Palma tras la DANA.
El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles al Real Decreto-ley 1/2025, con 315 votos a favor. Esta normativa incluye un conjunto de medidas urgentes destinadas a fortalecer la protección social en España. Entre las principales disposiciones se encuentra la revalorización de las pensiones, que se incrementarán un 2,8% para las pensiones contributivas y un 9% para las no contributivas, beneficiando así a un total de 12 millones de personas.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha defendido la necesidad de esta medida, agradeciendo el respaldo recibido por parte de diversos grupos parlamentarios. Según Bolaños, estas acciones son de "extraordinaria y urgente necesidad".
El Real Decreto-ley también prorroga hasta el 30 de junio los descuentos del 50% en los títulos multiviajes generales y bonos gratuitos para Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas de autobús estatales. Además, se establece la gratuidad del transporte público (tanto urbano como Renfe) para menores de 15 años y una bonificación del 50% para jóvenes a partir del próximo mes de julio.
A su vez, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de desahucios y la prohibición de interrumpir suministros básicos a personas en situación vulnerable. La norma también prevé la creación de un sistema público de avales y garantías tanto para propietarios como inquilinos.
Entre otras medidas incluidas en el decreto se encuentran aquellas dirigidas a mitigar las consecuencias derivadas de la DANA. Se otorga a la Comunidad Valenciana una capacidad excepcional para endeudarse y se amplía el plazo para solicitar ayudas destinadas a las corporaciones locales.
En lo que respecta a La Palma, se prorrogan los ERTE, así como la moratoria sobre préstamos y las ayudas dirigidas a autónomos afectados.