El Consell va a comenzar en 2018 a tramitar todo aquel "pufo" de expedientes de ayudas al alquiler "que encontramos escondidos en un cajón por instrucciones de la anterior consellera, Isabel Bonig".
Así lo ha anunciado la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras la reunión que ha mantenido con la Plataforma de Impagados de las Ayudas al Alquiler para hacer balance de los pagos y las nuevas ayudas del Consell.
Salvador, que ha estado acompañada por la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, ha declarado que la política de ayudas al alquiler que está desarrollando el actual Consell ha conseguido "recuperar la confianza perdida de la ciudadanía porque en tan sólo dos años hemos conseguido que, por primera vez, las ayudas se convocan, se resuelven y se pagan. Sin tener más dinero, gestionamos mejor y para más gente" .
En este sentido, la consellera ha hablado de tres "buenas noticias" que ha comunicado a la plataforma, "fruto de la actual política del Consell". En primer lugar, se ha referido a que la deuda de 280 millones de euros, heredada por la "mala gestión" del anterior gobierno, está prácticamente liquidada. En este punto ha explicado que se han abonado los 240 millones que reconoció el anterior gobierno de las ayudas impagadas al alquiler. Además, de las ayudas llamadas 501, "que reconocí nada más acceder a la conselleria -ha continuado Salvador- para que más de 7.000 familias recuperaran el derecho a cobrarlas", ya se han pagado 30 millones y sólo faltan liquidar 7,6 millones que se acabarán de abonar en el primer semestre de 2018. Con ello, "estamos cumpliendo los compromisos que adquirimos con estas familias al hacer efectivo el derecho que tenían a cobrar unas ayudas que el anterior gobierno o bien dejó sin pagar o bien dejó sin reconocer".
Tramitar el "pufo" de expedientes escondidos por instrucción de Bonig
La segunda noticia que Salvador ha dado se refiere a que el Consell va proceder en 2018 a la tramitación y resolución de todo aquel «pufo» de expedientes de ayudas al alquiler que "encontramos escondidos en un cajón sin tramitar por instrucción de la anterior consejera, Isabel Bonig, y que denunciamos en abril de 2016". Hablamos de expedientes de ayudas que se quedaron sin resolver por un valor de más de 60 millones de euros, dinero que debía haber ido a las familias valencianas y que se quedaron sin tramitar y escondidos en cajones por falta de presupuesto, "una decisión totalmente ilegal porque los expedientes siempre se han de resolver favorable o negativamente".
"Todo esto se puso en manos de la Intervención de la Generalitat- ha explicado la consellera- para que iniciara una auditoría que en estos momentos continúa abierta por la complejidad, cantidad y volumen de los más de 19.000 expedientes de los que hablamos". No obstante, "la intervención ya nos ha comunicado que el paso que debemos dar es iniciar la tramitación para resolver los expedientes de forma favorable o desfavorable y pagar aquellos que les corresponda".
Eficiencia en el Plan Estatal de Vivienda
Finalmente, la consellera, en su comparativa, ha mencionado que respecto al Plan Estatal de Vivienda, el actual Consell está gestionando el dinero con eficiencia porque "sin tener más, beneficia a más gente". En sólo dos años este Consell ha concedido ayudas por un importe de 25,7 millones de euros, mientras que el anterior gobierno concedió en 4 años 15 millones de euros, lo que supone "cuadruplicar el número de beneficiarios de las ayudas al alquiler con respecto a la anterior legislatura, pasando, de 4.800 a 18.341 familias beneficiadas en tan solo dos años", ha especificado Salvador.
Según ha analizado la consellera, en cinco años, el anterior gobierno perdió la oportunidad de convocar ayudas, al convocar sólo las correspondientes a 2011 y 2015, a pesar de que el Plan Estatal de Vivienda estaba vigente. Pero "lo más sorprendente es que de los 15 millones de euros que concedió el anterior gobierno, no pagaron ni un euro. Solo concedieron las ayudas, pero no las pagaron y ha tenido que ser el actual gobierno quien lo ha hecho. Una parte, - ha continuado explicando- porque las ayudas de 2011, o bien acabaron formando parte del deuda de los 240 millones o bien de las ayudas 501 que no reconoció el anterior gobierno; la otra, las de 2015, porque las acabó pagando en esta legislatura el actual Consell", ha concluido la Salvador.