La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha expresado su desacuerdo con la reciente propuesta del Gobierno de España para abordar la temporalidad en el empleo público. Durante la última Conferencia Sectorial de Administración Pública, Martínez subrayó que esta medida drástica debe ser implementada con seguridad jurídica, plazos realistas y mecanismos que aseguren la continuidad del servicio público, evitando así el riesgo de vaciar las plantillas.
La propuesta presentada por el Ejecutivo central busca establecer límites más estrictos a los nombramientos temporales y reforzar el control sobre las administraciones. “Reconocemos la necesidad de avanzar hacia la estabilización de las plantillas y consideramos esencial una reforma para eliminar la temporalidad, pero no en los términos propuestos”, afirmó Martínez.
Compromiso con la reducción de la temporalidad
La consellera destacó el compromiso de la Generalitat con la reducción de la temporalidad, señalando que en el último año se ha logrado disminuir más de 13 puntos en esta tasa. Sin embargo, advirtió que no se puede respaldar una reforma que comprometa los servicios públicos esenciales. Según Martínez, la normativa actual podría resultar en vacantes sin cubrir, lo que generaría serios problemas en centros de atención directa, residencias de mayores y servicios sanitarios.
Martínez también criticó la falta de diálogo por parte del Gobierno central, calificándola como una tónica habitual. “No es normal que no se consulte a las Comunidades Autónomas sobre una reforma que nos afecta directamente. Esto es un acto de prepotencia institucional al que ya estamos acostumbrados”, agregó.
Cambios propuestos por el Gobierno
Durante la sesión, el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó las medidas incluidas en la reforma. Estas incluyen un cambio en el límite máximo para interinos en vacantes, reduciéndolo a 2 años con cese automático —actualmente establecido en 3 años—; restringir programas temporales a un máximo de 2 o 3 años; implementar compensaciones económicas y sanciones por incumplimientos; y crear sistemas interoperables para controlar el cumplimiento por parte de las administraciones públicas.
Frente a estas propuestas, Nuria Martínez manifestó el rechazo del ejecutivo autonómico al régimen sancionador planteado por el Ministerio, considerándolo desproporcionado y creando un escenario problemático para los funcionarios responsables de las políticas de personal. Además, señaló que las compensaciones y sanciones implicarán compromisos económicos inesperados para las autonomías.
Exigencias al Gobierno central
La consellera demandó claridad al Gobierno respecto a los costos financieros derivados de esta reforma. “Es fundamental entender cómo se abordará esta carga económica. No podemos permitir que se repita lo sucedido este año con otra norma como la LO 1/25, que podría costar alrededor de 50 millones de euros a las arcas públicas valencianas”, concluyó Martínez exigiendo responsabilidad y compromiso económico por parte del Ejecutivo.
Preguntas sobre la noticia
¿Cuál es la postura de la Generalitat respecto a la reforma sobre la temporalidad del Gobierno?
La Generalitat, a través de la consellera Nuria Martínez, se opone a la reforma porque considera que no contempla plazos realistas ni mecanismos que garanticen la continuidad del servicio público.
¿Qué medidas propone el Gobierno de España en esta reforma?
El Gobierno busca fijar límites más estrictos a los nombramientos temporales y reforzar los controles sobre las administraciones, incluyendo un cambio en el límite máximo de 2 años para interinos en vacantes, sanciones por incumplimientos y creación de sistemas de información interoperables.
¿Qué consecuencias podría tener esta reforma según la consellera Martínez?
Martínez advierte que la norma podría dejar vacantes sin cubrir y generar problemas graves en servicios públicos esenciales como centros de atención directa, residencias de mayores o servicios sanitarios.
¿Cómo ha respondido la Generalitat a las cargas financieras que podría implicar esta reforma?
La consellera ha solicitado al Gobierno central información sobre la fuente de financiación para las posibles indemnizaciones derivadas de la aplicación de la norma, demandando claridad sobre la carga financiera que supondrá.
¿Qué críticas ha hecho Martínez sobre el diálogo con el Gobierno central?
Martínez ha criticado la falta de diálogo del Gobierno con las Comunidades Autónomas y ha calificado su actitud como un acto de prepotencia institucional.
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