A pesar de no haber cumplido ni siquiera dos años de emisiones, Decisión Radio se encuentra al borde de la bancarrota. Según fuentes de la emisora, Ángel de la Rúa intentó sin éxito hacer crecer desproporcionadamente el proyecto inicial de radio en streaming mediante la adquisición de emisoras piratas. La falta de experiencia en el sector por parte del empresario de la limpieza y las escasas ventas hacen que el proyecto sea inviable. A pesar de los esfuerzos de la dirección de la cadena para ampliar capital y así poder mantener a flote el desastre empresarial, todo ha sido en vano.
Javier Algarra tuvo que abandonar la cadena de radio debido a la falta de pago, a pesar de que la cadena presume tener entre sus figuras a conocidas caras de la comunicación españolas como Alfredo Urdaci, Javier Algarra o Albert Castillón. Siguiendo los pasos del periodista catalán, Alfredo Urdaci también dejó la cadena.
Según fuentes relacionadas con la emisora, Decisión Radio se enfrenta a varios problemas, siendo su situación económica uno de los menores. Además, la empresa deberá hacer frente a múltiples sanciones administrativas que resultarán en multas millonarias. Esto se debe a que la mayoría de la emisora opera en frecuencias piratas. Al parecer, Ángel de la Rúa tiene conocimiento de que pronto recibirá una serie de multas por transmitir en postes sin licencia.
La dirección de la emisora es consciente de la ilegalidad de la mayoría de sus postes, como se mencionó anteriormente. Hace meses, el senador de Compromís Carles Mulet envió un informe al Gobierno central sobre este proyecto radiofónico, que no fue ignorado y aparentemente tendrá consecuencias trágicas para la cadena. En su informe, el senador recordó que la Ley General de Telecomunicaciones establece sanciones de 2.000.000 euros por cada poste ilegal de la emisora.
Los expedientes sancionadores podrían estar a punto de cerrarse, según fuentes cercanas a la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones. De esta forma, se busca asegurar el respeto hacia aquellos que han obtenido concesiones en un concurso, así como proteger los derechos de los oyentes al garantizar una recepción óptima de las emisiones y prevenir interferencias que puedan afectar a otros servicios.
La racionalización del espacio radioeléctrico, según fuentes del ministerio, también se considera un asunto de salud pública debido a la alta generación de radiaciones, ya que "en muchas ocasiones se superan los límites legalmente aceptados". El comunicado afirma que se está trabajando en la normalización del espacio radioeléctrico con el objetivo de mantenerlo organizado y prevenir emisiones ilegales. Además, se mantiene contacto permanente con las diferentes administraciones involucradas para garantizar la máxima eficiencia y eficacia en el proceso de normalización del espacio radioeléctrico.
Las posibles multas por los postes ilegales, que podrían superar los 10.000.000 de euros, y la calamitosa situación de la cadena, obligarán a Ángel de la Rúa a poner fin a un proyecto que ha sido un fracaso tanto en lo económico como en lo periodístico. Seguiremos informando...
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