La Generalitat contrata un servicio para agilizar la legalización de las viviendas del parque público de Alicante ocupadas sin título

Según ha explicado el director general de EVha, Alberto Aznar, este servicio "se encargará de identificar y apoyar socialmente a las familias que ocupan este tipo de viviendas y las acompañará hasta que formalicen los contratos de alquiler social y se lleve a cabo su inserción en las comunidades de vecinos".

La Conselleria trabaja en la creación de los mecanismos necesarios para regularizar la situación de cerca de mil familias que residen en viviendas del parque público sin título desde hace años.

En abril de 2017 entró en vigor una resolución de la entonces Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana que establecía los criterios para estudiar la regularización de los ocupantes de estas viviendas, estudiando caso a caso las circunstancias de cada familia.

Con el paso del tiempo, muchas de estas familias mejoraron las condiciones de habitabilidad de la vivienda y se integraron en las comunidades de vecinos, pero la falta de un título legal les impide normalizar su situación y les deja fuera del marco legal frente a la Generalitat.

Además, según ha destacado Alberto Aznar, "hay que tener en cuenta que muchos de los ocupantes cumplen con las condiciones para ser adjudicatarios de una vivienda pública y, en algunos casos, viven una situación de vulnerabilidad social".

Antes estas situaciones y dentro del Plan de Normalización impulsado por la Conselleria de Vivienda, se comenzará a trabajar en Alicante, dado el elevado número de casos que se dan en la ciudad, unos 260, y después se extenderá a otros municipios de la Comunitat hasta cubrir la totalidad.

Inspección y acompañamiento

El trabajo del servicio se establecerá en dos fases. La primera hará referencia a los trámites previos a la adjudicación de la vivienda. En ese proceso se incluyen tareas como: inspeccionar e identificar a todos miembros de la unidad familiar que residen en la vivienda; notificar la oferta de legalización; recogida y análisis de la documentación requerida; comprobar que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios de promoción pública; comprobar las circunstancias socioeconómicas.

Esta primera fase también establece el cumplimiento de unos criterios subjetivos mediante los que deberán demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio, entre otros aspectos.

La segunda fase se llevará a cabo una vez se haya realizado la adjudicación administrativa de la vivienda. Una vez notificada, se revisará el estado del inmueble para comprobar si requiere obras para obtener el certificado de habitabilidad.

Cuando se haya obtenido dicho certificado, se les ayudará a gestionar diversos trámites administrativos y se les acompañará a darse de alta de los suministros. También se les hará un seguimiento de cumplimiento de las obligaciones comunitarias y sobre el conocimiento de las normas de la comunidad de vecinos y vecinas.