La Guardia Civil de Alfafar, en la Comunidad Valenciana, ha abierto una investigación al propietario de una "granja de minería de criptomonedas" que había conectado un entramado de cien equipos informáticos enganchándose de forma ilegal a la red de suministro eléctrico.
Según ha informado la Guardia Civil, el "minado" de criptomonedas no es una actividad ilegal, sino que la investigación se centra en el supuesto fraude del suministro eléctrico, que se estima en unos 20.000 euros.
La investigación comenzó cuando la Benemérita fue alertada de un consumo desorbitado de fluido eléctrico en una nave ubicada en el polígono de Catarroja (Valencia) que provocaba riesgo de incendio por sobrecalentamiento inminente, y cuya cantidad equivalía a la del resto del complejo industrial al completo.
Esto había provocado varios saltos del diferencial de la zona en días anteriores, por lo que componentes del área de investigación del puesto de Guardia Civil de Alfafar iniciaron la "Operación Harminc" con el objetivo de localizar al usuario del inmueble, que era un varón de 39 años.
Los agentes realizaron una primera inspección del interior de la nave, donde localizaron un habitáculo que albergaba un total de cien equipos informáticos a pleno rendimiento que provocaban "un zumbido ensordecedor", y que conformaban lo que se conoce como una "granja de minería de criptomonedas".
Esta actividad no es ilegal, pero requiere de equipos informáticos de gran potencia y provoca un consumo de electricidad muy elevado, por lo que es habitual llevarla a cabo en países donde la energía eléctrica es muy barata.
La recolección de criptomoneda consiste en validar transacciones entre usuarios de la comunidad y recibir una remuneración a cambio; para lo cual se precisa de ordenadores de gran rendimiento y un software específico.
Los responsables de Iberdrola de la zona realizaron una inspección a fondo del lugar y localizaron una conexión ilegal a la red eléctrica pública.
Por ello, la Guardia Civil ha procedido a la investigación del arrendatario de la nave industrial, que se enfrenta a un delito de defraudación de fluido eléctrico con un valor estimado, desde agosto de 2018, en más de 20.000 euros.