La Concejalía de Patrimonio de Valencia, liderada por Juanma Badenas, está desarrollando una moción para identificar propiedades municipales que puedan transformarse en viviendas. Esta iniciativa busca aumentar el parque de vivienda pública en la ciudad y facilitar el acceso a alquileres asequibles para los jóvenes. En los últimos dos años, el gobierno municipal ha planificado más de mil viviendas, superando notablemente las 14 construidas por la administración anterior en ocho años. La propuesta se alinea con el derecho constitucional a una vivienda digna y pretende coordinar esfuerzos entre diversas concejalías para optimizar el uso del patrimonio inmobiliario municipal.
El concejal de Patrimonio, Juanma Badenas, ha anunciado que su departamento está trabajando en una moción destinada a impulsar un plan que permita identificar todos los locales, pisos y edificios municipales que podrían ser transformados en viviendas en el futuro.
El propósito de esta iniciativa es aumentar el parque de vivienda pública en la ciudad de València, facilitando así el acceso a alquileres asequibles para los jóvenes. En este sentido, Badenas subrayó que, en tan solo dos años, el gobierno municipal ha planificado más de mil viviendas, un notable avance comparado con las 14 construidas por la administración anterior durante ocho años.
La Concejalía de Patrimonio se prepara para presentar una moción con el fin de explorar todas las propiedades municipales susceptibles de convertirse en viviendas. Esto tiene como objetivo poner a disposición de los ciudadanos un mayor número de opciones habitacionales y seguir aumentando el parque público de viviendas.
Badenas enfatizó que es fundamental que todas las concejalías colaboren para ofrecer soluciones habitacionales, aunque la competencia principal recae en el Estado y la Generalitat. “Con medidas como esta podemos contribuir a garantizar que los valencianos accedan a una vivienda digna”, afirmó.
El concejal recordó que la Constitución española, en su artículo 47, establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada como un principio rector del Estado del Bienestar. Este derecho también está respaldado por normativas específicas de la Generalitat Valenciana, como la ley 8/2004 y la ley 2/2017 sobre la Función Social de la Vivienda.
A pesar de que esta competencia corresponde a la Generalitat, Badenas destacó que el Ayuntamiento posee una considerable cantidad de inmuebles que pueden ser utilizados para fines residenciales. “Es necesario poner en valor estos activos para facilitar el desarrollo personal y familiar de los ciudadanos”, añadió.
Badenas propuso implementar medidas coordinadas entre las diferentes concejalías responsables del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento. El objetivo es transformar aquellos inmuebles que no están destinados estrictamente a servicios públicos municipales en viviendas adecuadas para las familias.
Finalmente, el concejal reiteró que, gracias al esfuerzo del actual gobierno municipal, se ha logrado planificar más de mil nuevas viviendas en un corto periodo, marcando una clara diferencia con respecto al pasado reciente. Esta estrategia busca responder a las necesidades habitacionales urgentes de la población valenciana.
El objetivo es incrementar el parque público de vivienda en la ciudad de València, permitiendo un alquiler asequible a los jóvenes.
En solo dos años, el gobierno municipal ha planificado más de mil viviendas, en contraste con las 14 que construyó el anterior gobierno en ocho años.
Se están considerando locales, pisos y edificios municipales que podrían convertirse en viviendas para poner a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad.
La Constitución española establece como un principio rector el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, lo cual está recogido también en la normativa sectorial de la Generalitat Valenciana.
Se propone que, de forma coordinada con las concejalías competentes, se implementen las medidas necesarias para poner en valor como residencias familiares aquellos inmuebles del patrimonio municipal que no estén adscritos a servicios públicos.