España ha reafirmado su postura en contra de la criminalización de la asistencia humanitaria a migrantes durante el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la UE. El ministro Félix Bolaños destacó la importancia de incluir una cláusula que proteja a quienes brindan ayuda humanitaria. Además, se discutieron iniciativas legislativas sobre el tráfico ilícito de migrantes y la protección de menores frente a abusos sexuales. España mantiene su compromiso con las organizaciones humanitarias mientras lucha contra el tráfico de personas, defendiendo un enfoque basado en derechos humanos.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participó en el segundo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) bajo la presidencia húngara. Este encuentro se convierte en el primero tras la reciente formación de la nueva Comisión Europea.
Durante la sesión, se discutieron diversas iniciativas legislativas, destacando dos propuestas de directivas: una enfocada en el tráfico ilícito de migrantes y otra destinada a combatir el abuso sexual de menores.
En el marco del debate, los ministros y ministras de Justicia de la Unión Europea abordaron una propuesta que establece normas mínimas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes. En este contexto, España ha liderado un firme rechazo a la criminalización de la ayuda humanitaria. Se subrayó la importancia de incluir una cláusula en esta directiva que exima de sanciones a quienes brindan asistencia humanitaria a migrantes.
Bolaños defendió esta demanda durante el debate, enfatizando su relevancia para familiares directos y organizaciones humanitarias dedicadas al rescate y apoyo a personas migrantes. La Administración española reafirmó su compromiso con estas entidades mientras intensifica su lucha contra las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de personas, promoviendo así un enfoque migratorio centrado en los derechos humanos y en la seguridad fronteriza.
Otro punto clave tratado fue una propuesta sobre la lucha contra los abusos sexuales y la explotación infantil, así como el material relacionado con estos delitos. España expresó su desacuerdo con la orientación general de esta directiva, argumentando que la definición del consentimiento debería ser más amplia y alinearse con legislaciones más avanzadas, como la española.
Bolaños reconoció los cambios introducidos recientemente a instancias de España y otros países, como definir el consentimiento positivamente y abordar delitos digitales donde España ha sido pionera. Sin embargo, estos avances no fueron suficientes para que España apoyara el texto en su forma actual.
Finalmente, entre las iniciativas no legislativas discutidas por el JAI se incluyó un análisis sobre cómo combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado, además de abordar cuestiones relacionadas con la impunidad en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
España ha rechazado la criminalización de la asistencia humanitaria a personas migrantes y ha defendido la inclusión de una cláusula que excluya de sanciones esta ayuda en la propuesta de directiva sobre el tráfico ilícito de migrantes.
España defiende un enfoque migratorio basado en los derechos humanos y en la seguridad de las fronteras, apoyando a las organizaciones humanitarias mientras intensifica la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Además del rechazo a la criminalización de la asistencia humanitaria, se discutió una propuesta de directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de menores, así como iniciativas no legislativas relacionadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado.
España no apoyó la orientación general de esta directiva porque considera que la definición del consentimiento debería ser más amplia y ambiciosa, alineándose con legislaciones más avanzadas como la española.