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Multa

14/08/2025@11:56:59

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a ocho personas a seis meses de prisión y una multa de 50.000 euros por blanqueo de capitales debido a la recepción y manejo de dinero ilícito. Los condenados, que reconocieron los hechos en un acuerdo con el Ministerio Fiscal, recibieron fondos obtenidos fraudulentamente mediante aplicaciones de envío instantáneo en 2018. La sentencia destaca que pudieron haber detectado la procedencia delictiva del dinero si hubieran tomado precauciones básicas. Esta decisión es firme y no admite recurso, salvo excepciones relacionadas con el acuerdo alcanzado.

El Ayuntamiento de Alicante ha emitido una alerta sobre un intento de estafa que utiliza códigos QR en multas falsas colocadas en vehículos. Se han detectado alrededor de 30 avisos fraudulentos en zonas cercanas al Mercado Central. Las concejalías de Seguridad y Movilidad advierten a los ciudadanos que no escaneen estos códigos ni proporcionen información personal o bancaria, ya que redirigen a páginas web diseñadas para robar datos. La Policía Nacional está investigando el caso, y se recuerda que las sanciones oficiales tienen un diseño diferente y nunca incluyen códigos QR.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de lesiones por imprudencia menos grave a ocho ciudadanos alemanes y uno iraquí con residencia en Alemania por su responsabilidad en una estampida registrada en el Metro de Valencia el 4 de agosto de 2018, en la que resultó herida una joven de 25 años al ser pisoteada por los viajeros que abandonaban precipitadamente el vagón. Son condenados cada uno a pagar una multa de 1.080 euros y una indemnización conjunta de 13.606 euros a la usuaria lesionada.

La Audiencia de Valencia le impone el pago de una multa e inhabilitación para cargo público por un delito de revelación de secretos.

La Policía de la Generalitat ha impuesto 3.452 multas por incumplir las restricciones de movilidad decretadas por el Consell entre el 29 de enero y el 28 de febrero en las 16 ciudades valencianas de más de 50.000 habitantes para frenar la expansión de la COVID-19. De ellas, 1.541 han sido por saltarse el cierre perimetral y otras 1.911 por incumplir el uso de mascarilla o no respetar el toque de queda.

La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento informa que se ha registrado un repunte de las sanciones interpuestas por la Policía Local en Alicante, en las últimas 24 horas, con un total de 96 denuncias por desobediencia al incumplir el estado de alarma, así como por utilizar el vehículo saltándose las medidas decretadas por el Gobierno para hacer frente al COVID-19.

La Audiencia de Alicante ha condenado a seis años y medio de prisión al exalcalde de Santa Pola, Miguel Z.F., y al exconcejal Jorge P.A. por delitos de prevaricación administrativa, fraude y cohecho en el caso de la clínica Gran Alacant. Además, dos médicos que gestionaban el consultorio privado también han recibido la misma pena. La sentencia incluye una condena adicional para una trabajadora del centro por su complicidad en el delito de cohecho. Esta resolución resalta la lucha contra la corrupción en las administraciones locales.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar anuncios que incumplen la normativa, incluyendo la falta de publicación del número de licencia. La investigación comenzó en junio y se intensificó tras el incumplimiento de requerimientos previos. Las infracciones pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros, y se sospecha que estas prácticas afectan a consumidores en varias comunidades autónomas. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para abordar la crisis de vivienda en España y garantizar el cumplimiento de las leyes en el sector turístico.

La sentencia, dictada tras un acuerdo entre las acusaciones y la defensa, considera probado que forzó sexualmente a la víctima tras robarle el móvil. La Sala le impone el pago de una indemnización de 8.295 euros a la víctima.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto penas que suman diez años y medio de prisión a un joven por secuestrar a un hombre, agredirle brutalmente y robarle, hechos que retrasmitió en directo en la red social Instagram.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a once años de prisión por dos delitos continuados de abuso sexual a menor de 16 años, para los que aprecia las atenuantes de reparación parcial del daño y confesión, a un hombre de 77 años que sometió a tocamientos y a otras prácticas de carácter sexual a sus dos nietas, menores de edad, en los periodos de visita con ellas, entre los años 2012 y 2013.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente se dedicaba a explotar sexualmente a transexuales en Madrid y Valencia.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la pena de un año de prisión y multa de 2.160 euros impuesta a un cardiólogo de Alicante que accedió al historial médico de su empleada del hogar cuando ésta se encontraba de baja laboral.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de dos años de prisión a un abogado que estafó al hijo de una mujer, que fue asesinada por su marido en Castellón de la Plana en 2009, al apropiarse de las ayudas públicas -53.778 euros- que le fueron concedidas por la muerte de su madre.

La Audiencia Provincial de Alicante le impone una indemnización de más de 6.000 euros por los daños morales que sufrió la víctima. Abordó a la mujer en el portal de su casa y la amenazó con un cuchillo.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por un delito de asesinato en grado de tentativa, para el que aprecia la atenuante de reparación del daño.

Un español en Alemania

Sin trabajo, sin ingresos y sin vuelos para regresar a nuestros lugares de origen, son apenas la punta del iceberg del problema que afrontamos los emigrantes españoles en Alemania a causa de la Covid-19, los más afectados por las consecuencias económicas. Millones de nosotros nos encontramos de un día para otro despedidos, confinados y varados lejos de nuestros hogares, algunos sin siquiera asistencia médica.

España está en Estado de Alarma. La mayoría de la población sigue las indicaciones del Gobierno a pies juntillas, no obstante, el desconcierto o la inconsciencia siguen empujando a unos pocos a saltarse las estrictas normas que han derivado de la rápida propogación del coronavirus en nuestro país y que nos podría llevar, como bien ha indicado este lunes el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quedarnos unos días más en casa. Si no quieres ser el causante de ello, sigue con atención la lista de cosas que puedes hacer y no, antes incluso de que seas multado por las autoridades...

En los grupos animales no humanos podemos decir que los simples administrados son más difíciles de encuadrar, porque casi todos los miembros de la manada tarde o temprano serán jerarquía, o puede que lleguen a ser élite.

Esa fue la frase de esta mañana de mi amigo. Continuó diciendo: ¡La política me importa un pimiento!

Tal y como se ha dado a conocer este miércoles, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a pagar una sanción de 12 millones de euros por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas. En concreto, serían 17 municipios o urbanizaciones de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar bien sus aguas.

El Ayuntamiento de València ha comunicado a la empresa concesionaria de la gestión del tanatorio municipal la imposición de una multa de 200.000 euros por el incumplimiento de las emisiones máximas de humos autorizadas, una cuestión que el informe solicitado a una consultoría externa califica como infracción grave en función de la normativa vigente, de la que también se extrae el importe de la sanción que este miércoles se ha comunicado a la concesionaria.
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La Audiencia de Valencia ha condenado a un hombre a nueve meses de prisión por provocar un incendio en el paraje natural de la Devesa del Saler, que afectó a 0,0003 hectáreas del parque natural de la Albufera. El tribunal también le impuso una multa de 2.700 euros y una indemnización de 255,89 euros al Ayuntamiento de Valencia por los gastos de extinción. La sentencia no acredita su responsabilidad en otros incendios ocurridos en la misma zona.

Las multas por cada poste ilegal podrían alcanzar los 2.000.000 de euros, según fuentes cercanas a la secretaría de Estado para las Telecomunicaciones.

La Policía de la Generalitat impone 268 multas y sanciona a 16 establecimientos durante el puente de San José. La Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunitat identifica a 901 personas y 373 vehículos entre el jueves y el domingo pasados.

La Policía de la Generalitat ha impuesto 524 multas durante el tercer fin de semana del cierre perimetral de las 16 ciudades más pobladas de la Comunitat Valenciana, 93 propuestas de sanción más que el fin de semana anterior, en el que se impusieron 431.

Alicante intensifica su operativo de limpieza durante las Hogueras con la incorporación de más de 100 operarios adicionales. Este refuerzo, coordinado entre el Ayuntamiento y la empresa Netial, se llevará a cabo del 15 al 30 de junio para asegurar que las calles y playas permanezcan limpias durante las festividades. Se implementará un servicio de recogida de residuos 'puerta a puerta' en diversas áreas, además de una limpieza especial en zonas con alta afluencia de público. El vicealcalde Manuel Villar destacó la colaboración con la Federación de Hogueras para mejorar la experiencia tanto para los residentes como para los miles de visitantes que llegan a la ciudad.

El Ministerio de Igualdad de España ha abierto un expediente para investigar una denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alega que se están realizando cursos de conversión sexual en varias diócesis del país. La ministra Ana Redondo se reunió con el presidente de la asociación para discutir los detalles de la denuncia. La ley 4/2023 prohíbe las terapias de conversión y establece sanciones económicas que van desde 200 hasta 150,000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. El director general para la Igualdad LGTBI+ subrayó la importancia de debatir sobre estas prácticas que pueden causar daños psicológicos a largo plazo en las personas afectadas.

La concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, destacó el amplio apoyo a proyectos clave para la ciudad, como la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y la moratoria en licencias de viviendas de uso turístico (VUT). Estas iniciativas, respaldadas por PP, PSOE y Vox, se votarán en el Pleno del 19 de diciembre. La nueva ordenanza incluye medidas para controlar ruidos y vibraciones, con sanciones severas para infracciones graves. La moratoria suspenderá la concesión de nuevas licencias VUT por dos años para regular su impacto en el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal. Además, se aprobó una modificación del PGOU que amplía la ocupación terciaria en parcelas residenciales.

La sentencia declara probado que el condenado tenía esclavizada a la víctima y la humillaba y vejaba continuamente. Deberá indemnizar con 100.000 euros a un hijo biológico del fallecido.

El fuego afectó a dos casas de vecinos y a zonas comunes. El penado deberá indemnizar con más de 28.400 euros a la víctima y más de 3.000 al Consorcio de Bomberos por los trabajos de extinción.

La Audiencia de Valencia le considera autor de los delitos de incendio, daños y maltrato. Empujó a la víctima y destrozó televisores, teléfonos, la cortina y el cristal del baño de la vivienda.

El vicealcalde Sergi Campillo recuerda que está completamente prohibido “lanzar residuos a la vía pública” y explica que también se han iniciado 72 expedientes de limpieza de solares privados.

El Ayuntamiento de Castelló enviará a partir de este 1 de octubre, notas informativas de sanción, sin multa, a los titulares de los vehículos que accedan a la zona restringida del núcleo histórico de la ciudad sin estar autorizados, como medida de concienciación y para que sean conocedores del nuevo sistema de control de acceso a través del circuito cerrado de televisión con cámaras de reconocimiento de matrículas (OCR).

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a prisión permanente revisable a una mujer que asesinó al hijo de acogida de su pareja sentimental, de 8 años de edad, en Elda (Alicante) en agosto de 2017.

El Juzgado de lo Penal número 19 de Valencia ha condenado a una multa de 180 euros por un delito leve de daños a tres jóvenes que arrancaron parte del vinilo que laminaba los exteriores de un autobús de la asociación “HazteOir”, durante una campaña que tenía como objetivo derogar las leyes de violencia de género. Al mismo tiempo, el juez les absuelve de los delitos de discriminación, desórdenes públicos, coacciones y daños de los que también estaban acusados.

Los disturbios que ha provocado el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, deben hacernos reflexionar y profundizar más allá de la superficie de lo acontecido.

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a prisión permanente revisable a la mujer que asesinó a un niño de ocho años, hijo de acogida de su compañero sentimental, en Elda, el 30 de agosto de 2017.

En 1974 se desató un escándalo cuando el bailarín español más internacional fue encarcelado por blasfemar. El Código Penal vigente conserva reminiscencias franquistas camufladas en torno a la blasfemia.

Con el café en la boca le comento a mi amigo que si ha escuchado las noticias sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica una sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En los grupos animales podemos decir que los simples administrados son más difíciles de encuadrar porque casi todos los miembros de la manada tarde o temprano serán jerarquía o alcanzarán a ser élite.

Se realizarán controles a cualquier hora del día y en todo tipo de vías en una época del año en el que el consumo de las sustancias psicoactivas aumenta. El 43 % de los 589 conductores fallecidos y analizados por el Instituto Nacional de Toxicología tenían presencia en sangre de alcohol, drogas o psicofármacos. En el caso de los peatones analizados, este porcentaje asciende al 32%.