Cohecho

Prevaricación

Falsedad

Audiencia de Alicante

Santa Pola

Miguel Z.F.

Jorge P.A.

Gran Alacant

Exalcalde y exconcejal de Santa Pola condenados a seis años y medio de prisión por corrupción

19/05/2025@12:51:08

La Audiencia de Alicante ha condenado a seis años y medio de prisión al exalcalde de Santa Pola, Miguel Z.F., y al exconcejal Jorge P.A. por delitos de prevaricación administrativa, fraude y cohecho en el caso de la clínica Gran Alacant. Además, dos médicos que gestionaban el consultorio privado también han recibido la misma pena. La sentencia incluye una condena adicional para una trabajadora del centro por su complicidad en el delito de cohecho. Esta resolución resalta la lucha contra la corrupción en las administraciones locales.

Funcionaria condenada en Valencia por tramitar tarjetas de transporte falsas a cambio de dinero

La Audiencia de Valencia ha condenado a una funcionaria del Servicio Territorial de Transportes de la Generalitat Valenciana a tres años y cinco meses de prisión por cobrar a cambio de tramitar tarjetas de transporte falsas. La sentencia incluye cuatro años y tres meses de inhabilitación para el ejercicio de empleo público, considerando la funcionaria culpable de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. La pena privativa de libertad se suspende durante tres años bajo la condición de no reincidencia.

Comenzó el juicio, el gran show contra... Benjamín Netanyahu

Las principales cadenas televisivas de los Estados Unidos transmitiendo en directo, más de 20 desde Europa, son simples detalles en la difusión internacional de lo que ya en muchos lugares del mundo se lo denomina el juicio político más importante de los últimos años, por primera vez un Primer Ministro de Israel en funciones frente a sus jueces acusado de corrupción, cohecho y abuso de confianza.

La Audiencia de Valencia mantiene en libertad provisional al expresidente de la Generalitat del PP Eduardo Zaplana

La Sección Cuarta rechaza la solicitud de la Fiscalía y considera que no ha lugar a decretar su ingreso en prisión provisional porque entiende que el riesgo de fuga es “inexistente”. El Tribunal, que le condenó el pasado mes de octubre a 10 años y 5 meses de prisión, impone al penado como medidas cautelares la retirada de pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer el primer lunes de cada mes en el juzgado de su domicilio.