La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una sentencia que condena a tres promotores urbanísticos y a un arquitecto municipal a dos años de prisión por un delito continuado de estafa. Este fallo, que considera la atenuante de dilaciones indebidas, se produce tras comprobarse que los acusados engañaron a numerosos clientes en el proceso de compra y construcción de chalés en Llíber entre 1999 y 2003.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ha impuesto una multa de 1.800 euros al técnico del ayuntamiento y al entonces alcalde por un delito continuado de prevaricación urbanística, también con la misma atenuante. La sentencia incluye la inhabilitación durante tres años para ejercer profesiones relacionadas con la construcción y el urbanismo.
Absuelven a otros acusados
En este caso, cinco personas más, entre ellas tres concejales que tenían competencias municipales en el periodo en cuestión, han sido absueltas de los cargos de estafa y prevaricación debido a la falta de pruebas que demostrasen su implicación en los hechos. Cabe destacar que esta resolución no es firme y puede ser objeto de apelación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Los hechos probados indican que los promotores ofrecían viviendas en terrenos rústicos no urbanizables, asegurando a los interesados que era posible construir en ellos. Los compradores eran incluso alentados a presentar sus propios diseños para las casas, mientras se les ocultaba información crucial sobre las limitaciones legales para edificar en esas parcelas.
Prácticas engañosas y complicidad administrativa
Los promotores afirmaban que los clientes podían consultar sobre la legalidad de las obras en el Ayuntamiento de Llíber, donde el técnico municipal condenado también participó activamente al no advertirles sobre las dificultades para obtener permisos. En algunos casos, este arquitecto llegó a confirmar erróneamente a los afectados que sus construcciones eran legales.
La sentencia revela además que el funcionario cobraba por elaborar memorias técnicas incluidas en expedientes administrativos relacionados con licencias de obra. Posteriormente, como arquitecto técnico municipal, emitía informes favorables para estas licencias antes de su aprobación formal por parte del Pleno del Ayuntamiento, donde contaba con el respaldo del alcalde condenado, quien era consciente de la ilegalidad del proceso.
Consecuencias para los compradores
Como resultado de estas prácticas engañosas, muchos compradores confiaron en la aparente legalidad ofrecida por los promotores y realizaron pagos significativos para la construcción de sus viviendas. Sin embargo, desconocían que nunca recibirían las licencias necesarias ni contarían con servicios básicos como agua o electricidad en condiciones adecuadas.
El tribunal concluye que si los perjudicados hubieran tenido conocimiento real sobre las restricciones legales y la ilegalidad inherente a sus adquisiciones, probablemente no habrían llevado a cabo dichas transacciones.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 2 |
Años de prisión para los promotores urbanísticos y el técnico municipal. |
| 1,800 |
Euros de multa impuesta al técnico municipal y al alcalde. |
| 3 |
Años de inhabilitación para ejercer como arquitecto y en actividades relacionadas con urbanismo. |
| 1999 - 2003 |
Años durante los cuales ocurrieron los hechos delictivos. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué condena recibieron los promotores urbanísticos y el técnico municipal?
La Audiencia Provincial de Alicante condenó a tres promotores urbanísticos y a un arquitecto municipal a dos años de prisión por un delito continuado de estafa, además de imponerles una multa de 1.800 euros por prevaricación urbanística.
¿Qué tipo de engaño se llevó a cabo en el proceso de construcción?
Los condenados ofrecían la construcción de viviendas en parcelas no urbanizables, asegurando a los compradores que podían edificar allí, mientras ocultaban que no contaban con las licencias necesarias y que existían obstáculos legales para la construcción.
¿Qué consecuencias adicionales enfrentan los condenados?
Además de la pena de prisión, los condenados fueron inhabilitados durante tres años para ejercer profesiones relacionadas con la arquitectura y el urbanismo.
¿Qué sucedió con los otros acusados en el caso?
Los otros cinco acusados, incluidos tres ediles, fueron absueltos por falta de pruebas que demostraran su participación en los delitos imputados.
¿Es firme la sentencia emitida por la Audiencia Provincial?
No, la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Si (
No(
