La Policía de la Generalitat, en sus labores de inspección y control en materia de Espectáculos y Juego, ha desmantelado un bingo ilegal que organizaba partidas en establecimientos de hostelería de Benidorm con la participación de más de un centenar de personas, la mayoría extranjeras.
Del resultado de la operación, efectuada el pasado día 15 de marzo, se identificó a los cuatro trabajadores del establecimiento y se intervinieron 1.447 euros, dinero procedente de la partida en juego y otras anteriores del mismo día; cuatro micrófonos, dos máquinas de bingo electrónicos, dos máquinas para aparatos inalámbricos, 5.000 cartones de bingo, una libreta con contabilidad de dinero recaudado y material de oficina.
Los agentes de la Policía de la Generalitat levantaron actas de juego por infracciones administrativas a la ley de Espectáculos y Hacienda por la tenencia de 21.000 euros en una caja fuerte.
El local inspeccionado es uno de los establecimientos de la localidad de Benidorm regentado y atendido por ciudadanos británicos, y cuya clientela responde en su mayoría a turistas y residentes de procedencia anglosajona que realizan actividades de juego ilegal. Estos negocios han sido ya inspeccionados por agentes de la Policía autonómica en varias ocasiones, habiéndose incautado en todas ellas dinero y efectos procedentes del juego ilegal.
El juego es una competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana y su actividad está sujeta a autorización administrativa. Su realización requiere lugares habilitados, recogiéndose las actividades descritas en el artículo 23 de la Ley 4/88, un documento legal que regula el juego en la Comunidad Valenciana como falta muy grave. El control e inspección corresponde a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad Valenciana.
Para la oportuna incoación de expediente administrativo sancionador, se puso en conocimiento de la operación a la dirección general del Juego de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, a la delegación de Hacienda y a la delegación de Trabajo y Seguridad Social de los respectivos ministerios.
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