viviendas turisticas

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en Junta de Gobierno el Proyecto de Modificación Puntual N.º 52 del PGOU, que regulará los usos turísticos en la ciudad. Esta nueva normativa prohíbe la concesión de licencias para viviendas turísticas en zonas saturadas, con excepciones para hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. La regulación establece un límite de 0,187 plazas turísticas por habitante y mantiene una moratoria en la concesión de permisos durante un segundo año. Además, se prohíbe el uso turístico en plantas bajas de áreas comerciales para proteger el comercio local y se exige acceso independiente para alojamientos turísticos en edificios residenciales. La iniciativa busca equilibrar el turismo con la vida residencial y promover un modelo urbano sostenible.

El Ayuntamiento de Alicante, encabezado por el alcalde Luis Barcala y la concejala de Urbanismo Rocío Gómez, presentará el 10 de diciembre las conclusiones del 'Estudio técnico sobre alojamientos turísticos en Alicante'. Este evento informativo se llevará a cabo en el auditorio del MACA y busca involucrar a los ciudadanos en la discusión sobre la regulación de viviendas turísticas. Se abordarán medidas como el refuerzo de inspecciones y una moratoria de dos años en nuevas licencias para apartamentos turísticos en edificios residenciales.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma. Esta acción se basa en la detección de incumplimientos normativos relacionados con la publicidad de alojamientos turísticos en diversas comunidades autónomas. Entre las irregularidades se encuentran la falta de número de licencia, la omisión sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso incorrecto de números de licencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado esta decisión, instando a Airbnb a retirar inmediatamente 5.800 anuncios. El ministro Pablo Bustinduy ha reafirmado el compromiso del Gobierno para regularizar el sector y proteger los derechos de los consumidores.