En ese artículo decía que la idea de que el mercado es algo egocéntrico y perverso es una deformación maliciosa de algo tan natural como la reunión de todas las personas, de un lugar, cooperando voluntariamente, intercambiando productos y servicios, con el fin de mejorar su vida y colaborando con los demás, ya que todo intercambio voluntario solo ocurre si cada uno recibe lo que le sirve mejor que lo que entrega, así se produce la eficiencia.
Pero la codicia de políticos y burócratas ha provocado que el Estado se arrogue el monopolio de la violencia con el que imponen “leyes” y “regulaciones” que, como toda violencia, siempre destruye.
Hay dos cosas que descalifican a los burócratas. En primer lugar, las personas -el mercado- se juegan la propia vida, pero para el burócrata, la prevención de un accidente es solo otro expediente tedioso.
El mercado regula y previene con eficacia los accidentes empezando por la competencia entre empresas que obliga a mejorar seguridad, calidad y precios. Luego, en casos como los habitacionales, nadie construiría en zonas de riesgo, y los costos de los seguros serían otro motivo para no vivir allí.
Segundo, el mercado trabaja en tiempo real y de modo personal, mientras que los burócratas responden a regulaciones, leyes y protocolos anticuados y generalizados cuando cada persona y cada situación es especial.
La responsabilidad por esta catástrofe humanitaria de Venezuela recae completamente en el Estado. En primer lugar, el 80% de los venezolanos viven en zonas de alto riesgo sísmico, lo que comenzó con la colonización -sin menoscabar los méritos que tuvo- que fue una empresa estatal liderada por militares y funcionarios españoles. Y esa ubicación se mantuvo por razones políticas y, al ser el Estado omnipresente, las empresas y los ciudadanos se ven obligados a vivir cerca de la burocracia.
Luego, además de la catastrófica situación socio económica gracias al enorme peso del Estado, las injerencias estatales en toda la economía, empezando por los costos fiscales y regulaciones de tipo urbanístico, han impedido la construcción de infraestructuras antisísmicas adecuadas.
Y, finalmente, la respuesta de los entes estatales rescatistas ha sido tan ineficiente que muchos muertos se deben precisamente a ello. Son innumerables las quejas: "A las 8 de la noche había gente con vida allí abajo, y no se han molestado en rescatarlos", lamentaba el familiar de una víctima.
Si el mercado fuese libre sin la omnipresencia estatal, los asentamientos no se realizarían en esas zonas, la infraestructura sería mucho más resistente y las compañías aseguradoras podrían hacerse cargo, primero, de la prevención ya que perderían dinero en caso de accidentes y luego del rescate y la reconstrucción. Pero la actividad aseguradora en Venezuela enfrenta una profunda crisis, debido al peso del Estado, como la destructiva Ley de la Actividad Aseguradora.
Se perdieron USD 6.700 millones, estima de PNUD, equivalentes al 6 % del PIB, mucho para la destrozada economía venezolana pero poco para la industria aseguradora global. Swiss Re estimó los aportes de las aseguradoras globales, por catástrofes iniciadas en fenómenos naturales durante el 2024, en más de USD 135.000 millones.
*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California