Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, ha exigido al Gobierno de España una reunión urgente para abordar la infrafinanciación del sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana. Albalat subraya la necesidad de que el Estado cumpla con su obligación de financiar el 50% del sistema y destaca una deuda acumulada de 4.000 millones de euros. La consellera ha manifestado el compromiso del Consell para defender los derechos de cerca de 200.000 personas dependientes y sus familias, insistiendo en un trato equitativo respecto a otras comunidades autónomas. Además, ha señalado que el número de valencianos con derecho a prestaciones por dependencia ha aumentado un 9% en el último año, evidenciando la necesidad de un equilibrio financiero sostenible.
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha renovado su demanda al Gobierno de España para que “atienda y solucione” de manera urgente la problemática de la dependencia en la Comunitat Valenciana. Albalat ha recordado que el Ejecutivo debe cumplir con su obligación legal de financiar el 50 % del sistema.
En una nueva comunicación dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la consellera ha enfatizado la necesidad de llevar a cabo una reunión “conjunta e inmediata” para discutir esta situación crítica.
Albalat ha subrayado que la Generalitat mantendrá esta reivindicación mensualmente hasta obtener una respuesta del Gobierno central. “No pedimos privilegios; exigimos corresponsabilidad, igualdad de trato y el cumplimiento de la ley”, ha afirmado.
En su comunicado, la consellera destaca la importancia de celebrar esta reunión para abordar el esfuerzo que está realizando la Comunitat Valenciana y discutir la deuda acumulada, que asciende a 4.000 millones de euros. También busca avanzar hacia un reparto equitativo del financiamiento del sistema.
“Es nuestra obligación defender los derechos de cerca de 200.000 personas dependientes y sus familias, quienes no pueden seguir esperando a que el Estado cumpla con lo que establece la ley”, ha declarado Albalat, reafirmando así la voluntad del Consell por mantener un diálogo y cooperación institucional.
La consellera también ha informado sobre los avances recientes en el sistema y ha resaltado el esfuerzo realizado por la Generalitat para garantizar este derecho social. Según datos oficiales actualizados a noviembre de 2025, un total de 186.886 valencianos y valencianas tienen reconocido el derecho a una prestación por dependencia, lo que representa un incremento del 9 % respecto al año anterior.
“Este crecimiento demuestra el compromiso del Consell por ampliar derechos y atender a más personas que nunca; sin embargo, también pone en evidencia un desequilibrio financiero que no puede continuar sosteniéndose”, concluyó Albalat.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 4.000 millones de euros | Deuda acumulada en el sistema de dependencia |
| 200.000 | Número de personas dependientes y sus familias que necesitan atención |
| 186.886 | Número de valencianos con derecho a una prestación por dependencia |
| 9% | Aumento porcentual en el número de personas con derecho a prestación respecto al año anterior |
Elena Albalat es la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana.
Reclama una reunión urgente para solucionar la infrafinanciación del sistema de dependencia en la Comunitat Valenciana y que el Gobierno cumpla con su obligación legal de financiar el 50% del sistema.
La Generalitat ha acumulado una deuda de 4.000 millones de euros y hay cerca de 200.000 personas dependientes que requieren atención, lo que evidencia un desequilibrio financiero en el sistema.
Ha enviado escritos a los ministros correspondientes y ha insistido en la necesidad de mantener reuniones conjuntas para discutir la situación y buscar soluciones.
Según los últimos datos, 186.886 valencianos tienen reconocido este derecho, lo que representa un aumento del 9% respecto al año anterior.
Albalat enfatiza que no se piden privilegios, sino corresponsabilidad y cumplimiento de la ley, defendiendo así los derechos de las personas dependientes y sus familias.