El Informe del 4º Trimestre de 2025 de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València revela que València enfrenta una emergencia habitacional estructural. Este problema no solo afecta a grupos vulnerables, sino que también expulsa a jóvenes y familias de rentas medias. Con un precio medio de la vivienda nueva que supera los 4.000 €/m² y apenas 137 viviendas disponibles, la situación se ha vuelto insostenible. El informe critica la falta de acción política efectiva y el predominio de un relato político desconectado de la realidad, lo que ha agravado la crisis. Además, advierte sobre el impacto negativo en el mercado del alquiler debido a políticas inadecuadas. Aunque se vislumbra una posible solución con el Plan VIVE, este no ofrecerá resultados inmediatos, subrayando la necesidad urgente de adoptar medidas concretas para abordar esta crisis habitacional en València.
El informe correspondiente al 4º Trimestre de 2025, elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), revela que València se encuentra en una emergencia habitacional estructural. Este estudio subraya la necesidad urgente de acción política ante una crisis que, según indica, no solo afecta a los grupos tradicionalmente vulnerables, sino que ha evolucionado hacia una fractura generacional que está expulsando a jóvenes, trabajadores esenciales y familias de rentas medias de la ciudad.
El Observatorio sostiene que la cronificación del problema habitacional no es consecuencia de una crisis repentina, sino el resultado acumulado de más de diez años de decisiones erróneas y una inacción prolongada. Se destaca que el análisis técnico ha sido reemplazado por un relato político desconectado de la realidad. “Cada año sin actuar con rigor no solo agrava el problema, sino que encarece de forma irreversible su solución”, advierte el informe.
Los datos sobre el mercado inmobiliario son alarmantes. El precio medio de las viviendas nuevas ha superado los 4.000 €/m², mientras que la oferta se ha reducido drásticamente a apenas 137 viviendas disponibles en toda la ciudad. Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra, señala que este fenómeno marca un punto crítico: “Cuando una ciudad deja de poder alojar a quienes la sostienen, el problema trasciende lo económico y se convierte en social”.
Desde 2016, y con especial intensidad desde 2019, los datos han sido claros y reiterativos: aumento sostenido en los precios, desaparición efectiva de vivienda protegida y contracción en la oferta. “No estamos ante una crisis inesperada”, afirma Cos-Gayón. “Es el resultado directo de haber ignorado durante años un diagnóstico perfectamente conocido”.
Uno de los elementos más perjudiciales en esta última década ha sido el predominio de un relato político que ha sustituido al conocimiento técnico. “Se han difundido mensajes tranquilizadores y medidas diseñadas para el ciclo mediático”, critica Cos-Gayón. “Este relato crea una falsa sensación de acción pero no construye viviendas”. Además, advierte que ha servido para justificar políticas que han agravado precisamente lo que pretendían combatir.
En relación al alquiler, Cos-Gayón menciona que “la negativa a proteger adecuadamente a los propietarios frente a la okupación ha llevado a una retirada masiva del mercado tradicional”. Esto ha resultado en escasez extrema y precios disparados, afectando especialmente a los hogares más vulnerables. “Legislar desde el miedo al propietario no protege al inquilino; lo expulsa del sistema”, enfatiza.
A este escenario se suma un crecimiento demográfico acelerado sin que las políticas públicas ni el parque residencial hayan sido dimensionados para absorberlo. El informe señala: “No es un debate ideológico; cuando la población crece y no hay capacidad para producir vivienda suficiente, la presión recae siempre sobre los más frágiles”.
Los únicos indicios positivos recientes provienen del Plan VIVE, que podría permitir iniciar en 2026 una nueva generación de Vivienda de Protección Pública mediante colaboración público-privada. Sin embargo, Cos-Gayón advierte que estas viviendas no estarán disponibles antes de dos años desde su inicio. “El Plan VIVE es necesario y va en la dirección correcta”, aclara, “pero no puede ser utilizado como excusa para ignorar la emergencia actual o retrasar decisiones estructurales”.
“Actuar exige abandonar definitivamente el relato y volver a la evidencia”, concluye Cos-Gayón. Propone movilizar suelo, producir vivienda asequible sostenidamente, proteger jurídicamente al propietario para recuperar oferta de alquiler y revisar una fiscalidad que actualmente representa cerca del 31% del precio final de la vivienda. “Todo lo demás es distracción”, agrega.
Finalmente, hace un llamado a establecer una estrategia nacional o pacto estatal que garantice el acceso a la vivienda. “Ignorar los datos durante una década es el verdadero problema”, sentencia Cos-Gayón. “València no ha llegado hasta aquí por mala suerte; es resultado directo de confundir política habitacional con comunicación política”.
La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València fue creada en 2016 con el objetivo de analizar científicamente el mercado inmobiliario valenciano desde un enfoque institucional. Su patronato cuenta con el apoyo de diversas entidades del sector inmobiliario y académico.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 4.000 €/m² | Precio medio de la obra nueva plurifamiliar en València. |
| 137 | Número de viviendas nuevas disponibles en toda la ciudad. |
| 31% | Porcentaje que representa la fiscalidad en el precio final de la vivienda. |
El informe confirma que València ha entrado en una emergencia habitacional estructural, afectando no solo a colectivos vulnerables, sino también a jóvenes, trabajadores esenciales y familias de rentas medias.
Se señala que la cronificación del problema es resultado de más de diez años de decisiones erróneas y inacción prolongada, así como de un relato político desconectado de la realidad.
El precio medio de la obra nueva plurifamiliar ha superado los 4.000 €/m² y hay apenas 137 viviendas nuevas disponibles en toda la ciudad, lo que indica una grave escasez de vivienda.
Las políticas han llevado a una retirada masiva de vivienda del mercado tradicional, resultando en escasez extrema y precios disparados, lo que expulsa a los hogares más vulnerables.
El Plan VIVE representa una oportunidad para iniciar una nueva generación de Vivienda de Protección Pública mediante colaboración público-privada, aunque las viviendas no estarán disponibles antes de dos años desde su inicio.
Se recomienda movilizar suelo, producir vivienda asequible, proteger jurídicamente a los propietarios y revisar la fiscalidad relacionada con el precio final de la vivienda para garantizar el acceso a la vivienda.