El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma. Esta acción se basa en la detección de incumplimientos normativos relacionados con la publicidad de alojamientos turísticos en diversas comunidades autónomas. Entre las irregularidades se encuentran la falta de número de licencia, la omisión sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y el uso incorrecto de números de licencia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado esta decisión, instando a Airbnb a retirar inmediatamente 5.800 anuncios. El ministro Pablo Bustinduy ha reafirmado el compromiso del Gobierno para regularizar el sector y proteger los derechos de los consumidores.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha tomado una decisión contundente al exigir a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se encuentran en su plataforma. Esta medida, impulsada por la Dirección General de Consumo, busca hacer frente a la proliferación de alojamientos turísticos que operan al margen de la normativa vigente.
Según el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, se han detectado un total de 65.935 anuncios que infringen las regulaciones establecidas en diversas comunidades autónomas. Estos anuncios corresponden exclusivamente a viviendas completas para uso turístico, sin incluir habitaciones individuales. La falta de cumplimiento con la normativa ha llevado al ministerio a actuar con firmeza.
A lo largo de los últimos meses, el Ministerio ha emitido hasta tres resoluciones notificando a Airbnb sobre estos anuncios ilegales y requiriendo su eliminación. Sin embargo, la empresa presentó un recurso ante la Justicia para evitar el bloqueo. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció sobre la primera resolución, respaldando las acciones del ministerio y ordenando a Airbnb retirar 5.800 anuncios de forma inmediata.
Desde la Dirección General de Consumo se han expuesto tres razones clave que justifican la ilegalidad de los anuncios:
Los anuncios en cuestión afectan a comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Ante esta situación, el ministro Bustinduy ha manifestado su intención de colaborar con las administraciones públicas para erradicar el descontrol en el sector turístico y proteger los derechos de los consumidores.
El ministerio está trabajando en diversas iniciativas complementarias junto a otras autoridades para abordar este problema. Bustinduy reafirma su compromiso con esta causa mediante la recopilación de información y ofreciendo asistencia técnica para eliminar los anuncios ilícitos detectados.
No obstante, es importante recordar que la Dirección General de Consumo ya había abierto un expediente sancionador contra una plataforma por incumplir la normativa sobre publicidad del número de licencia y otros expedientes similares están en curso contra grandes gestoras por no indicar correctamente la naturaleza jurídica del arrendador.
A medida que avanzan estas acciones, el Gobierno continúa trabajando para garantizar un marco legal adecuado que regule adecuadamente el alquiler turístico y proteja tanto a inquilinos como a consumidores.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas en su plataforma.
Las razones incluyen la falta del número de licencia o registro en los anuncios, la ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, y la inclusión de números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado las actuaciones del Ministerio y ha instado a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.
Los anuncios ilegales afectan a comunidades como Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
El ministro Bustinduy busca colaborar con administraciones públicas para acabar con el descontrol y la ilegalidad en alojamientos turísticos, así como favorecer el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores.