El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha iniciado expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, como ofrecer información falsa sobre la gestión de alojamientos. Esta acción se deriva de una investigación que comenzó en diciembre, donde se identificaron irregularidades que podrían perjudicar a los consumidores. Las infracciones pueden implicar multas significativas y se enmarcan en un esfuerzo más amplio para proteger los derechos de los consumidores y abordar problemas en el acceso a la vivienda.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso significativo al abrir expedientes sancionadores a varias empresas que gestionan viviendas turísticas en distintas Comunidades Autónomas. Esta acción se origina en una investigación iniciada en diciembre, que reveló posibles prácticas engañosas por parte de estas gestoras.
Las irregularidades detectadas incluyen la difusión de información falsa o potencialmente confusa. Un ejemplo claro es el caso en el que un anuncio de vivienda turística presenta al gestor como una persona particular, cuando en realidad se trata de una empresa. Esta situación podría estar causando “lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”, según la Dirección General de Consumo.
Los expedientes sancionadores se fundamentan en el hecho de que estas grandes gestoras, que administran cientos de propiedades, estarían proporcionando “información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios”. Tal conducta podría alterar el comportamiento económico de los consumidores, conforme al Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
Además, el Artículo 27 de la misma ley especifica que acciones como “afirmar fraudulentamente” o crear la impresión errónea sobre la actividad empresarial son contrarias a la normativa vigente. Las infracciones pueden clasificarse como graves y conllevar multas que alcanzan hasta los 100.000 euros, e incluso más si se considera el beneficio ilícito obtenido por las empresas.
A esta iniciativa se suma un expediente abierto hace dos meses contra una plataforma dedicada al alquiler turístico. Este expediente fue resultado del mantenimiento de miles de anuncios considerados publicidad ilícita, lo cual infringe la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Ante la negativa de la plataforma a retirar estos anuncios, se procedió con la apertura del expediente.
Todas estas acciones forman parte del compromiso del Ministerio liderado por Pablo Bustinduy para salvaguardar los derechos de los consumidores y combatir prácticas que obstaculizan el acceso a vivienda en España. En este contexto, desde octubre también se investiga a diversas agencias inmobiliarias por llevar a cabo prácticas abusivas contra inquilinos.
La Dirección General de Consumo continúa trabajando para asegurar un entorno justo y transparente en el sector del alquiler turístico y proteger así los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El Ministerio está investigando a grandes gestoras de pisos turísticos por ofrecer información falsa o engañosa, como indicar que la gestión del alojamiento es realizada por una persona particular cuando en realidad es una empresa.
Las empresas podrían enfrentar infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, que pueden aumentar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por las prácticas engañosas.
El objetivo es proteger los derechos de los consumidores y poner fin a prácticas que dificultan el acceso a la vivienda en España.
Se están investigando diversas agencias inmobiliarias por prácticas abusivas contra inquilinos, como cobrar comisiones sin justificación o imponer cláusulas contrarias a la normativa.