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trata de personas

16/04/2025@20:56:32

En 2024, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España liberaron a 1.794 víctimas de trata y explotación, un aumento del 22% respecto al año anterior. Este operativo incluyó 419 intervenciones que resultaron en la detención de 966 personas y la desarticulación de 110 organizaciones criminales. Entre las víctimas, se encontraban 32 menores, con un notable número de casos relacionados con la explotación sexual y laboral. Las estadísticas detalladas provienen del "Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2024", elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). La Policía Nacional y la Guardia Civil también realizaron miles de inspecciones administrativas para identificar situaciones de riesgo en entornos vinculados a la prostitución y el trabajo.

Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, eran obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día durante seis días a la semana en pisos prostíbulo por los que rotaban cada 21 días. Han sido detenidas 21 personas en las provincias de Madrid (10), Valencia (5), Castellón (3), La Rioja (2) y Zaragoza (1).

Las detenciones se han llevado a cabo en la provincia de Valencia, donde los agentes han liberado a una mujer controlada plenamente por la organización y que había sido sometida a un ritual de vudú. Al llegar a España, el grupo criminal le había impuesto una deuda de 38.500 euros que debía abonar ejerciendo la prostitución.
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La red criminal captaba a las mujeres aprovechándose de su situación de necesidad, las ofrecían condiciones de trabajo engañosas y luego las obligaba a prostituirse debiendo estar disponibles las 24 horas del día. Tras publicitar los servicios sexuales, los arrestados se hacían pasar por sus víctimas para conversar por mensajería instantánea con los clientes y amenazaban a las mujeres si se negaban a ejercer la prostitución controlándolas con cámaras de vigilancia.

Agentes de la Policía Nacional han liberado a cinco víctimas en las Palmas de Gran Canaria (2) y en Palma de Mallorca (3), todas ellas obligadas a pagar una deuda que ascendía a los 35.000 euros y que eran sometidas a rituales de vudú bajo la amenaza de sufrir graves males, tanto a ellas como sus familiares en Nigeria, si denunciaban a sus explotadores