Los detenidos acudían a las pruebas, previo pago de entre 1000 y 2000 euros, haciéndose pasar por extranjeros residentes legales en España no hispanohablantes. El entramado, que actuaba a nivel nacional, facilitaba el nivel de idioma o los conocimientos culturales requeridos para adquirir la nacionalidad española a personas que no contaban con las nociones exigidas para dicho trámite.
