La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha denunciado lo que considera una falta de lealtad institucional por parte del Gobierno de España en el ámbito de la política migratoria. Según Camarero, el proceso de regularización de personas migrantes se ha llevado a cabo “de forma impositiva, con opacidad y sin consultar a las comunidades autónomas”. Esta situación ha generado un impacto significativo en los servicios públicos, ya que las autonomías no han recibido la financiación necesaria para afrontar dicho desafío.
En este contexto, la vicepresidenta se ha unido a otras comunidades autónomas que han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Camarero ha calificado esta convocatoria como un intento de “blanquear” una política migratoria que considera ineficaz y contraria a los principios europeos.
Críticas al Gobierno central
“El Gobierno de España ha desvirtuado este órgano, que debería servir para fomentar la cooperación entre administraciones”, ha afirmado Camarero. La vicepresidenta ha subrayado que esta reunión se ha programado 15 meses después de la anterior y no aborda temas cruciales como el proceso de regularización o los criterios para repartir los fondos del ‘Plan de Integración’.
Según Camarero, el Ejecutivo central ha renunciado al diálogo sobre política migratoria y busca ahora que las autonomías avalen un proceso que considera irresponsable. Además, ha criticado la falta de información previa a la Conferencia Sectorial, incluyendo datos sobre el impacto económico del Real Decreto de Regularización.
Impacto en la Comunitat Valenciana
Camarero también se refirió al aumento significativo en el número de personas regularizadas. La cifra inicial estimada por el Gobierno español era de 500.000, pero ahora se prevé que alcance los 1,2 millones. Este incremento ha generado un “efecto llamada” que dificulta a las comunidades autónomas ofrecer una respuesta adecuada en términos asistenciales y en la prestación de servicios básicos.
En particular, en la Comunitat Valenciana se han regularizado 167.000 personas migrantes. Camarero advirtió que esto representa un coste inasumible para los ciudadanos valencianos debido al impacto en sanidad, servicios sociales, vivienda y empleo. La comunidad es actualmente la tercera en acogida de migrantes en España, solo superada por Madrid y Cataluña.
Demandas al Gobierno
Ante esta situación, Susana Camarero ha exigido al Gobierno central que transfiera los fondos necesarios para garantizar atención sanitaria y acceso a servicios sociales y vivienda para las nuevas personas regularizadas. Ha calificado como “desleal” el hecho de que durante su reciente visita a la Comunitat Valenciana, la ministra Elma Saiz no haya mantenido reuniones con la Generalitat para discutir estos asuntos.
Finalmente, Camarero aboga por un proceso de regularización “ordenado y coordinado”, vinculado al empleo y realizado junto a las comunidades autónomas y otros organismos locales. Desde el Consell se promueve una inmigración legal alineada con las necesidades del mercado laboral y se busca reforzar el control fronterizo así como implementar los acuerdos europeos establecidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 14% |
Porcentaje de personas regularizadas en la Comunitat Valenciana |
| 167,000 |
Número de personas migrantes regularizadas |
| 500,000 |
Estimación inicial del Gobierno de España sobre el número de regularizaciones |
| 1,200,000 |
Nueva previsión del Gobierno de España sobre el número de regularizaciones |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué afirma Susana Camarero sobre la política migratoria del Gobierno de España?
Susana Camarero, vicepresidenta de la Comunitat Valenciana, afirma que no va a blanquear la política migratoria del Gobierno de España y critica que el proceso de regularización se haya realizado sin contar con las comunidades autónomas.
¿Cuál es el impacto de la regularización en la Comunitat Valenciana?
Camarero señala que el 14% de las personas regularizadas afecta a la Comunitat Valenciana, lo que genera un coste inasumible en sanidad, servicios sociales, vivienda y empleo para esta autonomía.
¿Qué solicita Camarero al Gobierno de España?
La vicepresidenta exige lealtad institucional y la transferencia de fondos necesarios para atender a las nuevas personas regularizadas en términos de sanidad, servicios sociales y vivienda.
¿Cómo califica Camarero el proceso de regularización realizado por el Gobierno?
Camarero califica el proceso como “inútil, nefasta y contraria a la Unión Europea”, argumentando que no resuelve los problemas fundamentales ni planifica adecuadamente la integración social.
¿Qué propone Camarero para una política migratoria más efectiva?
Camarero aboga por un proceso de regularización ordenado, legal y vinculado al empleo, coordinado con las comunidades autónomas y otras administraciones.
Si (
No(
