El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado la voluntad firme del Gobierno Municipal de «recuperar el dinero robado a la Empresa Municipal de Transportes», y ha anunciado la realización de una auditoría externa a la EMT «para analizar el sistema de pagos anteriores y actuales en el seno de la empresa».
«Los objetivos del Gobierno del Rialto son recuperar el dinero estafado, mejorar los sistemas de seguridad de la EMT y todos los organismos municipales, y continuar la mejora de la empresa municipal de transportes como elemento clave de la movilidad de València». Así lo ha manifestado el alcalde en la comparecencia que ha realizado hoy ante el Plenario municipal, según se acordó en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el pasado día 17.
De hecho, ha explicado el alcalde, ya se ha planteado una demanda en Hong Kong, y se ha conseguido retener parte del dinero robado: se han congelado en cuenta corriente 1’3 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 150.000 euros), y la EMT se ha personado para iniciar las acciones legales que le permitan recuperar el capital hurtado. Además, la empresa de transportes ha realizado un requerimiento a la entidad bancaria para que devuelva el dinero que transfirió «sin atender los pertinentes protocolos». De manera paralela, se ha exigido responsabilidad ante los tribunales a la ex-directora de negociado de la EMT, como responsable de las transferencias «por no actuar con la diligencia debida».
El alcalde y presidente de la Junta General de la EMT, Joan Ribó, ha comenzado su intervención con un relato de lo acaecido, en el que ha señalado las responsabilidades en los hechos de la ex-directora de negociado de la EMT (supuestamente engañada por un falso responsable de una consultora), así como de la entidad bancaria que realizó ocho transferencias en diecisiete días sin tener las firmas originales, como es preceptivo, dirigidas a Hong Kong, paraíso fiscal incluido en la lista de referencia del gobierno de España.
Los grupos de la Oposición han criticado la manera en que el Gobierno municipal ha gestionado este asunto, y han solicitado la dimisión del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi. El concejal de Vox Vicente Montañez ha denunciado la «falta de información a la oposición». El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha exigido que el fraude de 4 millones de euros no repercuta sobre la ciudadanía, y ha acusado a la gerencia de la EMT de «falta de control». Finalmente, la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha acusado al concejal Grezzi de «mentir reiteradamente» y ha lamentado el «bochorno» por la postura del Ayuntamiento ante las explicaciones de la entidad financiera, que ha rechazado «cualquier responsabilidad» en el fraude.
El alcalde ha hecho notar el hecho de que tanto Ciudadanos como el Partido Popular «presentan una acusada tendencia a enmascarar, ocultar o disimular responsabilidades evidentes de la ex-directora de negociado de la EMT presuntamente implicada, por los motivos que sea: compañerismo entre antiguos trabajadores directivos de la EMT, o una eventual vinculación con la persona investigada», y ha afirmado que «si esta persona y la entidad financiera hubieran seguido los protocolos que tenían establecidos, no estaríamos hablando de los cuatro millones, ni de dos ni de ninguno, porque la estafa a la EMT no se habría producido».
ANALIZAR LOS PAGOS ACTUALES Y LOS ANTERIORES
Joan Ribó ha anunciado la próxima realización de una auditoría externa a la EMT para analizar el sistema de pagos anteriores y actuales en el seno de la empresa, y estudiar posibles mejoras en ellos. El alcalde se ha hecho eco de algunas afirmaciones que aseguran que la forma de pago que dio lugar a la estafa se había hecho con anterioridad, y se ha preguntado cuándo; «porque nosotros sabemos que estos métodos no se han utilizado entre los años 2015 y 2019, pero queremos saber si antes de 2015 se hizo; y saber cómo, cuándo, por cuánto y a quién».
«Queremos averiguarlo aunque en su momento se destruyeron documentos y facturas de la EMT de tiempos anteriores al año 2011, que seguro que nos podrían dar mucha luz respecto a lo que ha pasado ahora», ha lamentado. «Por esto vamos a hacer una auditoría externa y completa desde 2003 hasta 2019», ha añadido; y ha concluido asegurando que «todos, y nosotros los primeros, queremos saber si lo que ha pasado en esta ocasión, saltándose todos los protocolos, ha podido ocurrir en otras ocasiones, antes de 2015».
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