El Ayuntamiento de València ha decidido abrir un periodo de información pública de 45 días para la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta. Este proceso, que se inició en 2020, busca unificar la normativa aplicable al suelo de huerta y aportar seguridad jurídica, evitando confusiones por interpretaciones normativas. La memoria justificativa estará disponible para consulta pública y su objetivo es simplificar el régimen urbanístico sin modificar la protección actual de la huerta. El concejal Juan Giner ha destacado que esta adaptación facilitará las actuaciones en el ámbito rural.
València abre el periodo de información pública para adaptar el PGOU al PAT de la Huerta
La Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática del Ayuntamiento de València ha decidido someter a información pública la Memoria Justificativa para la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al Plan de Acción Territorial (PAT) de Dinamización y Ordenación de la Huerta. Este proceso, que se iniciará en los próximos días, tendrá una duración de 45 días hábiles.
El objetivo principal de esta iniciativa es proporcionar seguridad jurídica al unificar en un solo régimen la normativa que rige el suelo de huerta. La memoria justificativa estará disponible tanto en el Diario Oficial de la Generalitat como en la página web municipal, facilitando así su consulta por parte de los ciudadanos.
Este procedimiento se remonta a noviembre de 2020, cuando se presentó una moción con el propósito de resolver las dificultades normativas que obstaculizaban las iniciativas públicas y privadas en el ámbito agrícola. Estas complicaciones surgían debido a la falta de coordinación entre el planeamiento territorial y el municipal. Con esta adaptación, se busca integrar todas las normas urbanísticas y planos del PAT dentro del PGOU, ajustando el régimen de usos del suelo no urbanizable.
A pesar de los cambios propuestos, es importante destacar que la adaptación no altera la protección actual de la huerta, ni introduce innovaciones en la ordenación urbanística vigente. Su finalidad es simplemente ajustar el régimen urbanístico establecido por el PGOU a las directrices del PAT, reemplazando las calificaciones actuales por las categorías definidas por este último plan territorial.
De este modo, se crea un único instrumento claro para cualquier actuación sobre este tipo de suelo. Actualmente, cualquier intervención en terrenos agrícolas requiere comparar dos normativas diferentes —el PGOU y el PAT— lo que puede resultar confuso y complicado. En caso de discrepancias entre ambas regulaciones, prevalece aquella que sea más restrictiva desde un punto ambiental.
Juan Giner, concejal responsable de Urbanismo, Vivienda y Licencias, ha enfatizado que “la seguridad jurídica es esencial para proteger adecuadamente la huerta. Con esta adaptación evitamos posibles interpretaciones normativas contradictorias que podrían generar confusión”. Además, al no tratarse de una modificación del planeamiento urbano existente, este proceso podrá llevarse a cabo mediante un procedimiento más ágil que una revisión ordinaria del Plan General.
El proceso busca aportar seguridad jurídica al unificar en un único régimen la normativa aplicable al suelo de huerta.
La memoria justificativa estará disponible para su consulta por la ciudadanía durante 45 días hábiles.
El proceso se inició en noviembre de 2020 con una moción que buscaba solventar impedimentos normativos relacionados con el suelo de huerta.
La adaptación no modifica la protección de la huerta, sino que adapta el régimen urbanístico del suelo establecido por el PGOU a las determinaciones del PAT, creando un solo instrumento de referencia claro para cualquier actuación en este suelo.
Actualmente, cualquier actuación en suelo de huerta requiere contrastar dos normativas distintas (PGOU y PAT), lo que puede ser complejo. La adaptación busca simplificar este proceso y evitar confusiones por interpretaciones normativas dobles.
El concejal Juan Giner ha señalado que “la seguridad jurídica es una condición indispensable para proteger bien la huerta” y que esta adaptación evita confusiones generadas por posibles dobles interpretaciones normativas.