Un estudio de la Universitat de València revela la alta vulnerabilidad de las personas mayores ante catástrofes, tras las inundaciones del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que causaron la muerte de 229 personas, 105 de ellas mayores de 70 años. La investigación destaca que el 7% de los fallecidos superaba los 90 años, a pesar de que este grupo representa solo el 1% de la población afectada. Se propone la implementación de protocolos diferenciados para proteger a este colectivo, incluyendo censos actualizados y planes de evacuación específicos. Las investigadoras enfatizan la necesidad urgente de adaptar las políticas públicas para mejorar la resiliencia y garantizar una gestión inclusiva frente a fenómenos climáticos extremos.
Un reciente estudio de la Universitat de València ha puesto de manifiesto la alarmante vulnerabilidad de las personas mayores ante desastres naturales, a raíz de las inundaciones que asolaron la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Este trágico evento resultó en la muerte de 229 individuos, entre los cuales se encontraban 105 mayores de 70 años, lo que equivale al 46,3% del total de fallecidos. Más preocupante aún es que el 7% de las víctimas superaba los 90 años, un grupo que representa apenas el 1% de la población afectada. Estos datos reflejan una sobremortalidad significativa, según lo expuesto por Rosa Roig y Carmen Pineda en su investigación.
La investigación destaca el impacto desproporcionado que la DANA tuvo sobre los ancianos en la Comunitat Valenciana. Los factores estructurales e institucionales han multiplicado su vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos, lo que lleva a las autoras a abogar por la inclusión de consideraciones sobre longevidad en los planes de gestión del riesgo.
A partir del análisis realizado, se concluye que municipios como Massanassa, Valencia, Catarroja, Alfafar y Benetússer presentaron tasas superiores al 60% de víctimas mayores en relación con el total local. Esta concentración geográfica revela cómo las áreas urbanas densamente pobladas, con infraestructuras inadecuadas y altos niveles de envejecimiento residencial, son especialmente vulnerables durante emergencias.
El estudio subraya que la elevada mortalidad no puede atribuirse solamente a la fragilidad biológica asociada a la edad. La combinación de esta fragilidad con factores estructurales e institucionales incrementa notablemente la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos. Se señala que “la falta de censos actualizados y protocolos específicos para personas dependientes fueron determinantes en esta tragedia”, además de criticar cómo “la respuesta institucional tendió a homogeneizarse, ignorando las diversas necesidades del colectivo mayor”.
Las investigadoras critican que las políticas autonómicas actuales no integran adecuadamente una perspectiva interseccional sobre la vejez, lo cual limita las capacidades comunitarias para hacer frente a crisis. En este sentido, destacan la necesidad urgente de implementar censos proactivos sobre personas mayores con dependencia y desarrollar protocolos diferenciados para evacuación y asistencia.
Asimismo, enfatizan en la importancia de formar equipos de protección civil en temas gerontológicos y crear refugios adaptados con condiciones adecuadas tanto físicas como sanitarias. Estas medidas son esenciales para garantizar una respuesta efectiva ante catástrofes futuras.
La comparación con otros países refuerza esta urgencia. Experiencias en Argentina, Estados Unidos y el Caribe han demostrado cómo brigadas comunitarias específicas pueden ser efectivas si incluyen a personas mayores en procesos decisionales y mapas de vulnerabilidad. La investigación apoya así recomendaciones emitidas por la OMS y el Marco de Sendai de la ONU para avanzar hacia una gobernanza inclusiva que reconozca los derechos del colectivo mayor.
Finalmente, Roig y Pineda concluyen que la sobremortalidad observada durante la DANA era previsible y prevenible. Adaptar los sistemas de alerta y políticas emergentes a la nueva realidad demográfica no solo es un desafío técnico; es un imperativo ético para lograr justicia climática y social en la Comunitat Valenciana.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 229 | Total de personas fallecidas en las inundaciones |
| 105 | Personas mayores de 70 años fallecidas |
| 46,3% | Porcentaje de fallecidos que eran mayores de 70 años |
| 7% | Porcentaje de fallecidos que superaban los 90 años |
| 1% | Porcentaje de la población afectada que eran mayores de 90 años |
Las inundaciones resultaron en la muerte de 229 personas, de las cuales 105 eran mayores de 70 años, representando el 46,3% del total de fallecidos. Además, el 7% de los muertos superaba los 90 años.
El estudio propone protocolos diferenciados para proteger a las personas mayores frente a catástrofes y reclama incluir la longevidad en los planes de riesgo para una gestión inclusiva y resiliente.
Los factores estructurales e institucionales, como la falta de censos actualizados, protocolos de alerta diferenciados y planes específicos de evacuación para personas dependientes, contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de este colectivo.
Los municipios de Massanassa, Valencia, Catarroja, Alfafar y Benetússer evidenciaron tasas superiores al 60% de víctimas mayores en relación al total local de víctimas.
Las investigadoras sugieren realizar censos proactivos sobre personas mayores con dependencia, establecer protocolos diferenciados de evacuación y asistencia, y formar equipos de protección civil en gerontología.
La comparación internacional muestra que en países como Argentina y EE.UU., se han implementado brigadas comunitarias específicas y se ha promovido la participación activa de personas mayores en decisiones relacionadas con emergencias.