El Ministerio de Igualdad de España ha abierto un expediente para investigar una denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alega que se están realizando cursos de conversión sexual en varias diócesis del país. La ministra Ana Redondo se reunió con el presidente de la asociación para discutir los detalles de la denuncia. La ley 4/2023 prohíbe las terapias de conversión y establece sanciones económicas que van desde 200 hasta 150,000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. El director general para la Igualdad LGTBI+ subrayó la importancia de debatir sobre estas prácticas que pueden causar daños psicológicos a largo plazo en las personas afectadas.
El Ministerio de Igualdad ha tomado la decisión de abrir un expediente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Esta denuncia señala que en diversas diócesis españolas se están llevando a cabo cursos y talleres destinados a la conversión sexual de personas LGTBI+.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió recientemente con el presidente de la asociación, Saúl Castro, quien le proporcionó detalles sobre la denuncia interpuesta ante el Ministerio. Esta acción fue canalizada a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.
El Ministerio ahora procederá a analizar el contenido de la denuncia con el fin de determinar las acciones que puede llevar a cabo dentro del marco de sus competencias.
La ley 4/2023, que garantiza los derechos de las personas trans y LGTBI+, prohíbe explícitamente “la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento” destinados a modificar la orientación o identidad sexual, así como la expresión de género, incluso si existe consentimiento por parte del interesado o su representante legal.
Esta legislación establece sanciones económicas que oscilan entre los 200 y los 150.000 euros, además de prohibiciones para recibir ayudas públicas, dependiendo de la gravedad del caso.
Las infracciones leves incluyen el uso o emisión de expresiones vejatorias, las cuales pueden ser sancionadas con apercibimiento o multas que van desde 200 hasta 2.000 euros. Por otro lado, las infracciones graves abarcan la falta de retirada de expresiones vejatorias en sitios web o redes sociales tras haber sido solicitada su eliminación. Estas serán multadas entre 2.001 y 10.000 euros.
Finalmente, las infracciones muy graves se sancionarán con multas que van desde 10.001 hasta 150.000 euros e incluyen la promoción o práctica de terapias destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género.
Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, subrayó al concluir la reunión la importancia de iniciar un debate social sobre el significado y las implicaciones negativas que tienen estas terapias. Del Valle enfatizó que tales prácticas pueden causar daños psicológicos duraderos en las personas LGTBI+, afectando profundamente su vida afectivo-sexual.
| Tipo de Sanción | Rango de Multa (euros) |
|---|---|
| Sanciones generales | 200 - 150,000 |
| Infracciones leves | 200 - 2,000 |
| Infracciones graves | 2,001 - 10,000 |
| Infracciones muy graves | 10,001 - 150,000 |
El Ministerio de Igualdad ha decidido abrir un expediente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alega que en varias diócesis españolas se están impartiendo cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió con el presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro, quien le proporcionó detalles sobre la denuncia.
La ley 4/2023 prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas.
Las sanciones varían desde los 200 hasta los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos, y pueden incluir la prohibición de recibir ayudas públicas.
El director general ha destacado que estas terapias pueden ocasionar daños psicológicos a largo plazo en las personas LGTBI+, afectando su vida afectivo-sexual.