Un informe de la Universitat de València, elaborado por los investigadores Paula López y Adrián Todolí, establece las bases para implementar un salario mínimo interprofesional (SMI) a nivel local y regional. Según el estudio, este enfoque podría generar efectos positivos y negativos menores en comparación con un SMI nacional. Los beneficios incluyen un aumento del crecimiento económico en municipios con SMI propio, mayor consumo y reducción de la brecha salarial interna. Sin embargo, también se identifican desventajas como la disminución del crecimiento empresarial en áreas con SMI más alto y posibles incrementos en los alquileres que afectarían a los hogares de bajos ingresos. El informe fue presentado ante el Consejo Económico y Social de Barcelona.
