La directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, ha afirmado que, desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está trabajando continuamente en la mejora de la atención de las personas mayores, y, con este objetivo, en 2019 se van a ampliar en 1.913 nuevas plazas la red residencial pública.
Martínez ha explicado que el presupuesto de su departamento para 2019 contempla un incremento de 40 millones de euros en la línea de financiación de mantenimiento de centros residenciales, que permitirá esta ampliación, gracias a la cual cuando termine el año se podrá contar con un total de 13.712 plazas en distintos centros residenciales de la Comunitat Valenciana.
Al inicio de la legislatura, esta cantidad era de 10.422 plazas financiadas por la Generalitat a través de conciertos, subvenciones y gestión pública. Con la ampliación de este año, se ha producido un incremento del 31,5 por ciento.
La directora general ha señalado que, además del aumento de plazas, se ha incrementado también el módulo de su financiación, que asciende de 1.500 a 1.825 euros al mes, como resultado de adaptar el precio al nuevo modelo residencial y al precio de referencia publicado en la Ley de Presupuestos.
Un nuevo modelo residencial
Martínez ha recordado que durante la pasada legislatura la Conselleria asumió el reto de abordar un cambio de modelo en el que el único interés y el centro de la gestión de los recursos públicos sea "una atención de calidad y la dedicación a los residentes", con el objetivo de "humanizar" los centros residenciales para personas mayores, de manera que se parezcan "cada vez más a un hogar donde las personas usuarias encuentren un entorno afectivo y familiar".
En este marco, la ampliación de las plazas municipales y la colaboración con diputaciones y ayuntamientos fue una de las actuaciones puestas en marcha dentro del Plan de Reordenación del Sector Residencial para personas mayores de la Comunitat Valenciana, diseñado con el objetivo de reformar el sector "atendiendo a las necesidades de las personas usuarias, la calidad y calidez del servicio y garantizando unas condiciones laborales dignas para los profesionales de los centros" ha explicado la vicepresidenta.
Así, el número de plazas municipales concertadas con la Generalitat se ha duplicado en cuatro años, de manera que ha pasado de 883 plazas para personas mayores en situación de dependencia en centros gestionados por entidades locales a las 1.600 actuales que reciben financiación por parte de Igualdad.
Otra de las novedades ha sido la sustitución de las subvenciones a plazas de entidades sin ánimo de lucro por el concierto social puesto en marcha por la Conselleria el pasado año con centros de diversidad funcional y que este año se ha ampliado a las plazas para personas mayores. Durante este año, se establece el concierto con 1.636 plazas pertenecientes a centros de entidades, 148 plazas más que en 2018.
A estas plazas hay que sumar las 3.876 plazas en centros propios de la Generalitat y las 6.600 de accesibilidad social. Todas ellas suman una oferta total de 13.712 plazas públicas para las personas mayores en situación de dependencia en la Comunitat Valenciana.
Prestaciones económicas
Además, hay que añadir las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio residencial que contempla la ley de Dependencia cuando no es posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidados.
Con la modalidad de prestación vinculada al servicio residencial se calculan alrededor de 5.000 personas más que están siendo atendidas en plazas residenciales de centros no públicos pero que la Generalitat financia a través de una prestación económica personal a la persona mayor en situación de dependencia.
Asimismo, y con el objetivo de garantizar una plaza residencial lo más cerca posible del domicilio y el entorno familiar de la persona mayor que la solicita, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas impulsó el programa 'Queda't a prop'.
Esta iniciativa está destinada a los casos en los que las residencias sostenidas con fondos públicos no dispongan de una plaza a menos de 20 kilómetros de distancia, de manera que la Conselleria oferta una prestación vinculada de garantía para que la persona usuaria pueda acceder a una plaza residencial en un centro privado. Con esta modalidad se prevé la concesión de 1.000 prestaciones económicas de garantía durante este año.
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