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El Ayuntamiento de Valencia empieza a tramitar la renta valenciana de inclusión

El Ayuntamiento de Valencia empieza a tramitar la renta valenciana de inclusión

jueves 19 de abril de 2018, 22:58h
La concejala de Inserción Sociolaboral, Isabel Lozano, ha presentado, junto con la directora general de Inclusión Social de la Generalitat Valenciana, Imma Carda, la entrada en vigor de esta norma, la Ley de la Renta Valenciana de Inclusión.

"Esta ley ampara que las personas puedan alejarse de situaciones de exclusión crónicas que parecen que pasan de generación en generación. Y en principio, si tenemos en cuenta el último estudio encargado en la universidad para tener un diagnóstico sociodemográfico de la ciudad, son susceptibles de pedir esta renta de 7.000 a 15.000 personas", ha añadido la concejala, quien ha asegurado que la entrada en vigor de esta norma "supone un grande avance por el que respeta a la atención a la exclusión".

En un principio, el Ayuntamiento además de tramitar las solicitudes, también desarrollará tareas para detectar familias y unidades de convivencia que están en situación de vulnerabilidad y residían habitualmente en el municipio, con independencia del lugar donde pernoctan. Así mismo, los técnicos municipales se encargarán de hacer seguimientos de los casos y de los diferentes programas de inclusión, "y para llevar a cabo esta atención de proximidad, hemos dotado de más personal los centros de servicios sociales", ha añadido Isabel Lozano.

Por lo que respecta, al plazo máximo de tramitación de los expedientes este será de seis meses, a excepción de aquellos relacionados con colectivos de mayor vulnerabilidad como, por ejemplo, las víctimas de violencia de género o de trata, que se agilizará para resolver en menos de tres meses.

Por su parte, la directora general de Inclusión Social de la Generalitat Valenciana, Imma Carda, ha explicado que a esta renta puede acceder cualquier persona o unidad de convivencia que no tenga solvencia económica y ha destacado que la ley también contempla la situación de aquellas familias que en un momento determinado adquirieron una hipoteca y después arrastran su pago y, consecuentemente, malviven".

La ley cuenta con cuatro tipos de prestaciones, según las necesidades que tengan los diferentes sectores de la población con pocos recursos. Las modalidades que empezarán a aplicarse este año, que serán las de inclusión social, que su titular subscribe voluntariamente un acuerdo de inclusión social, y la de ingresos mínimos, el beneficiario de la cual no subscribe este compromiso, podrán incluir en los dos casos incrementos de hasta el 25% para hacer frente al pago de la vivienda o a situaciones de pobreza energética.

A partir de 2019 empezará a tramitarse la renta complementaria de ingresos al trabajo, y un otra ayuda que tiene el objetivo de completar el dinero que reciben los ciudadanos y ciudadanas vía prestaciones sociales básicas como las pensiones o el seguro de desocupación.

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